El Gobierno se opone a que se contraten 63 trabajadores sociales para agilizar las ayudas a la dependencia

El Col·legi Oficial de Treball Social ha manifestado su “total desacuerdo” ante el recurso presentado por la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, para evitar la contratación de 63 evaluadores de dependencia por parte del Ayuntamiento. La Abogacía del Estado ha presentado este recurso al Tribunal Superior de Justicia, al considerar que se podría haber incurrido en una irregularidad administrativa, en no dotar presupuestariamente estas plazas con el importe del coste de las mismas.

La contratación por parte del Ayuntamiento de Valencia se ha hecho posible gracias a una subvención otorgada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas por valor de más de 3 millones de euros (3.151.450 euros, concretamente), que ha permitido abrir dos bolsas de trabajo, una de trabajadores y trabajadoras sociales y otra para educadores y educadoras sociales. Esto, después de decretar la Generalitat una delegación de competencias a los Ayuntamientos, porque sean estos los encargados de realizar las valoraciones, y tratar de desatascar así las listas de peticiones de ayuda.

En esta línea, la presidenta de esta entidad profesional, que agrupa el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales de Valencia, Elena Puig, ha explicado que la contratación de más personal por parte del Ayuntamiento “es fundamental para desbloquear la tramitación de expedientes de dependencia, y nosotros, por lo tanto, estaremos siempre del lado de las Administraciones que plantean un incremento de los recursos humanos en los equipos profesionales que mejoran la gestión de las prestaciones y de los servicios vinculados a la Ley de Dependencia». Para la directora del Col•legi Oficial de Treball Social, «trabas judiciales como esta no facilitan precisamente la tarea de los equipos que ya están trabajando la valoración y retrasan la respuesta de la Administración a las personas solicitantes en situación de dependencia”.

Elena Puig ha manifestado, finalmente, que “no podemos evitar pensar que este recurso esconde una intencionalidad política, después de ver como año tras año, nos situábamos, no a la cola, sino directamente en el último lugar en el cumplimiento de la Ley de Dependencia”.

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