El nuevo sistema implantado por el Consell agilizará a través de los servicios sociales la valoración del grado de dependencia

Este martes se ha publicado al DOGV el nuevo decreto por el cual se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas. Esta nueva normativa establece, entre otras cosas, que los informes sociales que se emiten en el procedimiento del reconocimiento de grado de dependencia tengan que estar emitidos por un profesional del trabajo social colegiado.

Según fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, este nuevo sistema de valoraciones permitirá pasar de 17 profesionales valoradores a más de 400 profesionales en el ámbito municipal de los Servicios Sociales. También desde los servicios sanitarios de la red pública asistencial se valorarán los casos relativos a personas con trastorno mental grave, otras patologías relacionadas con la salud mental y personas hospitalizadas en hospitales de larga y media estancia.

Desde el Col·legi Oficial de Treball Social de València, han manifestado que «esta es la primera vez que se regula que el profesional de referencia en este ámbito es el trabajador o trabajadora social, y valoramos por lo tanto el texto de manera muy positiva, creemos que supondrá un avance para las y los profesionales del Trabajo Social».

Además de regular la red pública de valoraciones, que implica los Servicios Sociales generales municipales, las residencias, los hospitales de media y larga estancia y las prisiones, el decreto regula por primera vez el procedimiento de revisión del grado de dependencia y el traslado entre comunidades autónomas, y establece nuevos procedimientos que acortarán los plazos de las resoluciones y una nueva regulación de las incompatibilidades entre servicios y prestaciones.

Para la entidad que agrupa las y los profesionales del Trabajo Social de Valencia, la nueva normativa «agilizará los procedimientos de valoración de la dependencia, facilitará el trabajo a nuestro colectivo profesional y mejorará la atención a las personas», al considerar la atención a la situación de dependencia como un derecho subjetivo garantizado y reconocido por el sistema de servicios sociales. «Tenemos un gran reto profesional en nuestro futuro inmediato, de forma que continuaremos luchando por la formación permanente y pidiendo a la Administración Pública que regulo la situación laboral y las retribuciones de nuestros colegiados y colegiadas».

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