La Fiscalía Anticorrupción investiga la gestión del PP de Mislata
La Fiscalía Anticorrupción de Valencia está ya investigando si el anterior gobierno del PP de Mislata, presidido entonces por el ex alcalde, Manuel Corredera, malversó dinero público al contratar obras que supuestamente no se realizaron y por las que el Ayuntamiento pudo pagar más de 170.000 euros.
Los técnicos municipales informan de que “desconocen las obras realizadas” y señalan que “no constan en la relación de expedientes”. Además, con respecto a la compra de mobiliario, que asciende a casi 80.000 euros, el capataz y encargado de la recepción dice que “desconoce dichas facturas. En ninguna de ellas aparece ni mi firma ni mi sello”. En ellas sólo consta la firma de los anteriores concejales, Vicente Lopez Sinisterra (PP) y Gloria Alonso (PP).
Lo ocurrido fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción a finales de mayo por el actual equipo de Gobierno y ya se ha designado fiscal instructor al concluir la Justicia que hay hechos que podrían ser constitutivos de delito.
Una situación que es consecuencia directa de una de las primeras decisiones del actual alcalde de Mislata, el socialista Carlos Fernández Bielsa, quien solicitó una auditoría de contratación en la que se detectaron numerosas irregularidades, por más de 3,3 millones de euros. Además, dio la alarma sobre varias empresas. Una de ellas facturó en dos años al ayuntamiento más de 457.000 euros sin ningún tipo de contrato, ni procedimiento, y troceando y fraccionando las facturas para vulnerar, presuntamente, la ley.
Asimismo, existen facturas duplicadas por las que el ayuntamiento podría haber pagado de más en torno a 30.000 euros.
Esta situación se suma a la división del grupo municipal popular y pone en jaque a la dirección del PP de Mislata, recientemente elegida, ya que los tres máximos valedores del actual presidente, Jaime López Bronchud, Manuel Corredera, Gloria Alonso y Vicente Lopez, son precisamente los investigados por la fiscalía y vicepresidentes del PP de Mislata.
El actual equipo de gobierno no ha querido realizar ninguna valoración hasta que la Fiscalía Anticorrupción finalice la investigación y la oposición ha criticado que el gobierno municipal no facilite copia de la denuncia.