Una irregularidad del PP lleva a la alcaldesa de Compromís de Paiporta y a una concejala a declarar en el juzgado

Una irregularidad cometida por el ex alcalde del PP, Vicente Ibor, ha llevado, paradójicamente, a la alcaldesa de Compromís de Paiporta y la concejala de Seguridad a tener que declarar en el juzgado, por la anulación de un proceso selectivo de policías locales calificado de ilegal por el Consejo Jurídico Consultivo de la Comunitat Valenciana. Este consejo declaró ilegal todo el proceso selectivo de policías municipales forzado en su día por el ex alcalde del PP y anuló todas las plazas convocadas, incluso las dos de las que ya habían tomado posesión sendos candidatos, por lo que Compromís ha manifestado “un apoyo total a la gestión de la alcaldesa y la concejala deSeguridad en este asunto”.

En 2009, con Vicente Ibor como alcalde, el gobierno del PP convocó una oposición de agentes de policía local llena de irregularidades, que acabó en los tribunales y que ha supuesto que el Ayuntamiento haya tenido que dedicar, hasta el momento, dos años de esfuerzos humanos en la actual legislatura para desenredar en los juzgados la mala gestión de los populares en este asunto.

El gobierno actual ha tratado de solucionar la irregular gestión del PP en el proceso selectivo de policías municipales, llevando a cabo la revisión de oficio pertinente y siguiendo los informes técnicos y el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo, que se emitió finalmente en el mes de junio pasado, y en el que declara nulas las convocatorias de los procesos selectivos de policía hechas por decreto por Ibor.

El proceso selectivo realizado por el gobierno popular de Vicente Ibor ha estado lleno de irregularidades e ilegalidades. Entre de ellas, la constitución de un tribunal nombrado ‘a dedo’ por el ex alcalde y que no contaba con los dos vocales que deben ser designados por la GGeneralitat, tal como establece la ley (1 vocal del IVASPE y otro de la Administración General de la GV). Este hecho es para Compromís “muy grave”, dado que “en ningún caso se han respetado los criterios de objetividad e imparcialidad que todo procedimiento selectivo debe garantizar”.

Compromís califica también de “de extrema gravedad” el hecho de que el ex alcalde, Vicente Ibor, “convocara por decreto seis plazas de agentes de policía, teniendo como tenía la advertencia y los informes del secretario municipal y la TAG de personal, que se pronunciaran en contra del proceso promovido por el PP. Una maniobra que hace sospechar de las intenciones reales que perseguía el PP”. Para Compromís, “todas estas irregularidades cometidas por el anterior gobierno del PP están suponiendo un grave perjuicio al Ayuntamiento de Paiporta”.

Asimismo, Compromís destaca “la escrupulosa gestión realizada por el actual gobierno municipal, en especial por su alcaldesa y por la concejala de Administración General”, que “en todo momento se han ceñido a la legalidad” y han seguido los informes técnicos y el del órgano superior de la Generalitat Valenciana: el Consejo Jurídico Consultivo. Y, aún más, la coalición aplaude “la valentía que la alcaldesa y la concejala están mostrando desde el primer momento, no desfalleciendo delante de las presiones mafiosas del PP y de algunos policías, instalados en su lobby y con voluntad de perpetuar unos privilegios institucionales del todo injustos. Así el gobierno municipal, que preside Isabel Martín, y la concejala de Seguridad, Beatriz Jiménez, gestionan impecablemente, con un objetivo irrenunciable de restablecer la legalidad y velar por la igualdad de oportunidades para todas las personas”.

“Denuncia premeditadamente capciosa”

Hay que señalar que los policías que han interpuesto la denuncia fueron los mismos que promovieran un incidente de ejecución de sentencia, que aún está en período de alegaciones hasta el 29 de septiembre, por lo que “son sabedores de que la sentencia no tiene firmeza y, por tanto, no tiene sentido la denuncia de incumplimiento”. Es por eso que Compromís manifiesta que “tenemos la seguridad de que estos policías han interpuesto la denuncia de manera premeditadamente capciosa, así como con la clara y mezquina intencionalidad política de menoscabar la honorabilidad de la alcaldesa y la concejala y perjudicar la buena imagen del gobierno, con ocultaciones de documentos y falsedades.”

Compromís reitera su “total apoyo a la gestión del gobierno y a la valentía de la concejala y la alcaldesa delante de la situación en la que ha situado en el Ayuntamiento el anterior gobierno del PP”, y añade que “tenemos la total seguridad de que el capítulo «investigador» que ha iniciado el fiscal estas semanas es, como mínimo, un error flagrante procedimental, y que una vez entregada la documentación al juzgado, la citación como investigadas quedará sin efecto”.

La coalición recuerda al respecto que las oposiciones convocadas inicialmente en 2009 contaban con dos plazas de agente de policía, sin embargo, a la hora de convocarlas, en lugar de dos se convocaron seis (un agente de consolidación, uno de movilidad y cuatro de turno libre). Que el proceso para la plaza de consolidación quedó paralizado. Que la oposición con las otras 5 plazas acabó en abril de 2015, pero en mayo de 2015, en respuesta a un recurso interpuesto por uno de los opositores, y ya con el PP con un pie fuera del ayuntamiento, el ex alcalde Ibor firmó un decreto in extremis para dejar en la calle a tres de las cinco personas del concurso. Que estos tres opositores denuncian y, a finales de 2016, llega sentencia pidiendo la readmisión de estas personas, o bien la revisión de oficio de todo el procedimiento. Que es por eso que el gobierno actual envió toda la documentación al Consejo Jurídico Consultivo, para realizar la revisión de oficio pertinente. Que el CJC determinó en un informe del pasado mes de junio que toda la oposición es ilegal, y que hay que anular todos los nombramientos. Que dos de los candidatos despedidos por Ibor deciden denunciar a la alcaldesa y la concejala por no cumplir la sentencia, y que la denuncia se pone antes de la resolución del Consejo Jurídico, la cual dio la razón al Ayuntamiento.

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