Las fosas de la vergüenza
ROSA PÉREZ GARIJO. Diputada de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia.
Decía José Saramago “Hay que recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica, porque se empieza por el olvido y se termina en la indiferencia”. No puedo encontrar mejores palabras para definir lo que pasa en nuestro país con su historia más reciente, porque soy de esa generación que al estudiar E.G.B. y Bachillerato nunca llegaba al tema de la Guerra Civil española y que por tanto el conocimiento de nuestra realidad más inmediata se producía en función de lo que te explicaba tu familia, o no, porque el miedo en muchos casos había impedido que incluso las propias experiencias se transmitieran a las nuevas generaciones.
Durante años ha habido más información sobre las desapariciones en Chile, Argentina, Paraguay o Uruguay que sobre las ocurridas este país, de hecho muy poca gente es conocedora de que España es el segundo país en el vergonzoso ranking de personas desaparecidas después de Camboya, sumamos muchas más que todas las habidas juntas en las dictaduras de Sudamérica. Tras finalizar hace más de 40 años la dictadura, seguimos teniendo a más de 143.353 personas desaparecidas, cadáveres repartidos por cunetas, montes, fosas comunes en cementerios… Algo totalmente inconcebible en un sistema democrático.
La mayor parte de las administraciones públicas no ha tenido demasiado interés en reparar el dolor y las injusticias de la época más oscura de nuestra historia más reciente, algunas incluso han puesto trabas para impedir las exhumaciones, como hizo el Ayuntamiento de Valencia de Rita Barberá en el caso de Teófilo Alcorisa.
Desde la delegación de Memoria Histórica de la Diputación de Valencia, con los pocos recursos de los que disponemos, estamos apostando por hacer posible la verdad, la justicia y la reparación, porque un país que obvia sus injusticias tiende a volver a cometerlas. En nuestro primer año hemos llevado adelante los programas “La memòria a l’escola” i “La memòria a la biblioteca” para que se sepa lo ocurrido; hemos destinado un partida a la retirada de vestigios franquistas que siguen plagando nuestras calles y plazas, pero hemos priorizado sobre todo las exhumaciones, destinando 164.751,94 euros a proyectos de excavación de fosas y exhumación e identificación de víctimas, algo que debería haberse realizado hace décadas.
Hay que tener en cuenta que el 2 de julio de 2014 el Grupo de Trabajo de Despariciones Forzadas e Involuntarias del Consejo de Derecho de la ONU emitió un informe en el que expresaba su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo, e instaba al Estado español a cumplir con la obligación de buscar a las personas desaparecidas durante la guerra civil y la dictadura franquista, recomendando a las diferentes administraciones públicas españolas que asignaran los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes para ello, algo que cayó en saco roto sobre todo en las administraciones gobernadas por la mayoría absoluta del Partido Popular –recordemos que el gobierno de Mariano Rajoy dejó sin dotación presupuestaria la Ley de Memoria Histórica–.
Nosotros y nosotras vamos a seguir cumpliendo con nuestra obligación, porque la recuperación de la memoria histórica dice mucho de nuestro presente pero, sobre todo, de nuestro futuro; habla de lo que somos pero, sobre todo, de lo que aspiramos a ser, es un compromiso por la democracia.