Alcaldes viriles

ENRIC PALANCA. Alcalde de La Pobla de Farnals.

En ambientes distendidos en los que charlamos los alcaldes suele salir a conversación una frase más o menos común: “mi secretario/a es un… (aquí se pone un improperio). No nos deja hacer nada”. (Existe la variante del interventor). En efecto, buena parte de los quebraderos de cabeza de los alcaldes de todo pelaje político parecen provenir de los habilitados nacionales, auténticos muros de hormigón donde se estampan los intentos de hacer política local.

Lo cierto es que en el imaginario colectivo la figura del alcalde  proviene de un tiempo en el que los alcaldes eran, por así decirlo, instituciones viriles. Sí, viriles, pues solían hacer lo que les salía de los atributos  masculinos. No importaba demasiado si existían reparos por parte de los habilitados nacionales: los gobiernos municipales encarnaban la voluntad popular. Se podía dar empleo  ‘a dedo’, elaborar presupuestos con ingresos ficticios, cerrar las verbenas a las seis de la mañana y un largo etcétera. Todo esto –no  entro a valorar comportamientos egoístas o corruptos-  en nombre de la comunidad. No actuar de ese modo era sinónimo de perder las elecciones. El alcalde, en suma,  era un patriarca para hacer el bien o el mal. Tal imagen pesa en la conciencia de todos.

La situación cambia a partir de 2012. De repente los ayuntamientos eran culpables de la crisis: casos de corrupción, arcas municipales en bancarrota, descontento general… Las administraciones locales debían someterse a una dieta de austeridad monitorizadasin importar si la gestión previa había sido responsable o no. De alcaldes campeones a alcaldes villanos, se articuló una serie de leyes desde el gobierno central que trataban a todos por igual en nombre de la transparencia y el imperio de la ley. El pueblo así lo pedía y los medios de comunicación, más que las urnas, eran sus portavoces.

Sin embargo, queda en entredicho la voluntad de cumplir con el espíritu de tales reformas. A día de hoy es falso que exista un control directo de la ciudadanía –por otra parte poco formada- sobre los asuntos de la Administración y la política. En sustitución, el gobierno central de Mariano Rajoy ha propuesto una burocracia opresiva de la que los propios habilitados nacionales no se escapan. Se llenan estanterías de quejas y consultas: se atrofia la Administración con procedimientos múltiples, remisión de informes e interpretaciones contradictorias de la misma ley. Se ha propuesto una burocracia para corregir los desmanes de la democracia. Parece ser que la idea subyacente es muy antigua, pues amparándose en el malestar general por causa de la crisis, se ha vuelto al concepto de que el problema son los políticos y que la ‘democracia orgánica’, el orden burocrático, es el que sustituye y anula la capacidad de las instituciones democráticas locales para ser responsables ante su pueblo. De don Juan a Juanillo… De alcaldes a ‘alcaldillos’.

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