Burjassot inicia los trámites para adherirse al Plan Contra la Pobreza Energética
El Ayuntamiento de Burjassot, desde el área de Bienestar Social, dirigida por la Concejala Lluna Àrias, ha iniciado, a través de los técnicos de Servicios Sociales, los trámites para solicitar la adhesión al acuerdo de colaboración con la Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, para evitar la pobreza energética en hogares en riesgo de exclusión social y la pérdida de vivienda por no poder atender el pago de alquiler social.
A estas ayudas, tal y como se desprende de la orden publicada por la Conselleria y una vez adheridas a las mismas por parte del Consistorio, podrán acogerse aquellas familias de Burjassot que, por sus ingresos, no puedan hacer frente al pago de la luz, el gas, el agua o el alquiler social. Las ayudas sólo contemplan tales pagos a partir de octubre de 2015. Para poder solicitarlas, las familias deberán dirigirse al Ayuntamiento de Burjassot que, a través de sus Servicios Sociales, hará las valoraciones oportunas de cada caso en particular.
La cuantía de las ayudas, en el caso del suministro de gas y de electricidad, llegará hasta los 75€ por recibo mensual, con un máximo de 300€ por consumidor al año. En el caso del agua, hasta 15€ por recibo mensual y un máximo de 60€ por consumidor al año. Además, podrán ser objeto de las ayudas los costes ocasionados por la restitución del servicio en el caso de que se haya producido el corte del mismo.
En el caso de las ayudas de alquiler social, podrán adherirse a las mismas las personas que se hayan visto privadas de la propiedad de su vivienda habitual o hayan sido desahuciadas por no poder hacer frente a los pagos, hayan accedido a un alquiler social y no tengan capacidad económica para hacer frente al pago del mismo. En este caso se les otorgará una ayuda de hasta 100€ mensuales, durante un máximo de un año, para hacer frente al pago del alquiler social .
Para la Concejala de Bienestar Social, Lluna Àrias, “estas ayudas ponen de manifiesto que los poderes públicos tienen que garantizar no sólo el derecho a tener una vivienda digna, sino también el acceso a los suministros básicos de energía y agua potable a las familias en situación de vulnerabilidad”, además, tal como ha añadido, “para muchas familias es cada vez más difícil satisfacer sus necesidades básicas de calefacción, refrigeración, iluminación, agua caliente sanitaria…y eso tiene también consecuencias graves en su bienestar e incluso incidencias sobre su salud física y mental”.