Los fotorrojos de L’Horta Sud se acaban el 28 de febrero
El 23 de diciembre de 2014, la entonces presidenta de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, y alcaldesa de Catarroja, Soledad Ramón, y un representante de la empresa Asesores Locales Consultoria, SA, firmaron un contrato para “la implantación, puesta en marcha y mantenimiento de una aplicación para la tramitación de sanciones por infracción a las normas de circulación en movilidad, así como el suministro, instalación, mantenimiento y remisión de las evidencias de salto de semáforo en rojo”. Es decir, para poner fotorrojos y multar con ellos. A la empresa había que pagarle por ello 949.194,22 euros, más el 20% de la recaudación de las sanciones a imponer. Ese contrato, contando con un alargamiento por cuestiones administrativas, acaba el 28 de febrero próximo y, salvo que lo prorrogue la Mancomunitat, también se acabarán los fotorrojos en Catarroja, Massanassa, Sedaví, Picanya y Beniparrell, que es donde se instalaron, a no ser que alguno de estos ayuntamientos decida volver a contratarlos por su cuenta.
En los pocos años en que viene funcionando este sistema, las cifras de multas se cuentan por decenas de miles y el montante de sanciones por millones de euros, además de retiradas de puntos e incluso de carnés de conducir. Asimismo, se han producido numerosas protestas de afectados disconformes con el procedimiento, muchos de los cuales recurrieron, llegando, en bastantes ocasiones, a llevar el caso a los tribunales de justicia, donde algunos consiguieron que se anularan, mientras que otros no lo lograron, ya que se produjeron sentencias en ambos sentidos, dependiendo del juzgado. Esta divergencia sirvió de base al gobierno municipal de Catarroja para recurrir al Tribunal Supremo una sentencia de lo contencioso-administrativo que había sido favorable a una afectada y anulaba la multa, con el supuesto fin de que la resolución del alto tribunal dilucidara si el sistema de los fotorrojos era legal o no.
“Sistema no válido”
El Supremo lo que hizo fue ratificar que no se puede multar con los fotorrojos porque carecen de valor probatorio. Desestimó el recurso presentado por el Ayuntamiento de Catarroja contra la resolución del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 3 de València, por la cual se anula una multa de fotorrojos y la retirada de cuatro puntos de conducir a una vecina de dicha población, al considerar que este sistema de captación de imágenes no es válido porque no está garantizado por un control metrológico, y que, por tanto, toda sanción impuesta con este sistema es nula. Hay que teneer cn cuenta que ya había una resolución anterior del alto tribunal, que dejó sentenciado en noviembre de 2015, a raíz de un recurso del Ayuntamiento de San Sebastián, similar al presentado después por el Consistorio de Catarroja, que el sistema de cámaras para la grabación de imágenes denominado fotorrojos no tiene validez probatoria para multar a los conductores, debido a que no cuenta con un control metrológico que la sustente.
Sin embargo, esta sentencia del Supremo no causó ningún efecto en la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud, presidida actualmente por Carlos Fernández Bielsa, alcalde de Mislata, donde se decidió mantener los fotorrojos y esperar a que finalice el contrato con la empresa. Esta decisión de la entidad supramunicipal se basó en un informe jurídico que encargó a la letrada María Inmaculada de la Fuente, en el que se aseguraba que, si la primera sentencia del Supremo sobre los fotorrojos no tuvo efecto para la Mancomunitat, esta tampoco, y se señalaba que, “jurídicamente, no se produciría la consecuencia en Derecho de la paralización de los procedimientos sancionadores ni la aplicación de una medida cautelar de rescisión del contrato”.
Cobro de multas
Por ello han continuado funcionando los fotorrojos y lo harán, por lo menos, hasta que acabe el contrato con la empresa, se ha seguido multando y sólo se han anulado las multas y devuelto el dinero y los puntos del carné de conducir a quienes han recurrido al juzgado y han logrado una sentencia favorable y firme para ello. Todos los demás han tenido que pagar los 200 euros, 100 si lo han hecho enseguida, y, los que no, se enfrentan a recargos y un proceso ejecutivo de cobro que termina en un embargo de cuentas, como ya se ha producido en varios casos.
En cuanto a que, una vez llegados al 28 de febrero próximo, se proceda al apagado y desmantelamiento de los fotorrojos, tampoco se han pronunciado de momento desde la Mancomunitat, aunque su presidente, Carlos Fernández Bielsa, viene asegurando desde hace tiempo que así se hará cuando termine el contrato con la empresa. “Nuestra prioridad no es poner multas, o instalar fotorrojos. Nuestra prioridad es facilitar desfibriladores, dar a los ayuntamientos ordenadores, juegos biosaludables y cualquier tipo de instrumento que sirva para mejorar la vida de los ciudadanos”, aseguró recientemente Fernández Bielsa a los alcaldes de la comarca. Entre ellos, el de Catarroja, Jesús Monzó, quien también ha venido reiterando su deseo de que se retiren los fotorrojos, y la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, quien acertó en su día a evitar este problema cuando revocó en último extremo su adhesión al sistema y rechazó el recurso que presentó la empresa.