La FSC de CCOO reclama a la Generalitat que corrija la escasez alarmante de personal en unos servicios sociales ‘fosilizados’
Pep Cloquell, responsable del sector de Generalitat de la FSC, ha denunciado que «el cambio de color político en el Gobierno autonómico no ha subsanado la falta de personal en los centros de servicios sociales». Esta situación endémica supone una degradación creciente de la calidad en el servicio prestado a personas especialmente desfavorecidas, menores tutelados, mayores y personas con diversidad funcional.
El sindicato considera evidente que la normativa necesita ser actualizada para dar respuestas a las diversas necesidades de atención que, con el transcurso de los años, se han visto modificadas. En los centros de atención a mayores las necesidades básicas se cubren a duras penas con un sobreesfuerzo profesional ante la falta de cobertura de bajas médicas, vacaciones, vacantes, etc. En ocasiones tardan meses en ser cubiertas y el personal soporta la sobrecarga de un servicio se ha de seguir prestando a residentes que viven allí, y deben ser puntualmente aseados, curados y alimentados.
Según Pep Cloquell, la tasa de temporalidad impacta negativamente en las condiciones de prestación de un servicio que debería primar la humanización. Respecto al perfil de las plantillas «resulta preocupante la edad media del personal, se da la paradoja de que en los centros de mayores hay usuarios atendidos por profesionales que les superan en edad».
En el caso de los menores, se ha elevado el contingente de Menores Extranjeros No Acompañados, y el sector requiere recursos y actualización en capacidades adecuadas para dar respuestas a una pluralidad de nacionalidades y culturas muy diferentes. También resulta especialmente exigente la variabilidad de los problemas atendidos, con un incremento del consumo de tóxicos y de agresiones a los progenitores, a otros residentes y al personal que los atiende.
En un panorama tan complejo la intervención se resiente, se suman las deficiencias en instalaciones e infraestructuras, a la desproporción en las ratios en centros de menores desbordados por residentes. «La lentitud en la respuesta por parte de la Administración de la Generalitat y de la Justicia de Menores resulta angustiosa y dispara la presión sobre profesionales desbordados» lamenta Cloquell. Desde el sindicato se critica que la respuesta de la Administración haya sido «trasladar ‘el problema’ a otro centro, como ha ocurrido en Buñol, actuación que lamentablemente no lo ha solucionado sino que incluso han agravado los problemas».
Esta situación no solo se da en los centros de atención directa, también afecta a los propios servicios territoriales de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con una preocupante pérdida de personal valioso, «fugas» hacia otros servicios, con la dificultad añadida a la hora de cubrir esos puestos vacantes y un incremento espectacular del número de expedientes que cada técnico ha de tramitar. La escasez de personal precariza el trabajo, aumenta las cargas y el estrés dificulta la toma en consideración de aspectos técnicos frente a la toma de decisiones.
La respuesta de la Administración no puede ser limitar el número de plazas en centros públicos y por contra incrementar el concierto de plazas con entidades privadas. Esta es una salida urgente y rápida que nos lleva a incrementar la ya excesiva entrega de un servicio público en manos privadas. A juicio del responsable sectorial «ésta no era esta la política propuesta en el Pacte de Botànic, donde la apuesta por lo público debía marcar la diferencia de las políticas sufridas durante tantos años de gobierno del Partido Popular» concluye.
Por todo ello, Comisiones Obreras sigue denunciando públicamente la degradación de los centros públicos de servicios sociales, demandando mejoras en la gestión de unas prestaciones que deben garantizar los derechos de la ciudadanía, reivindicando su gestión pública y responsable, sin búsqueda del beneficio empresarial.
La Federación de Servicios a la Ciudadanía se caracteriza por su defensa cerrada de los servicios públicos y su prestación directa, sus propuestas están orientadas a que el Consell también los defienda y a que la ciudadanía tome conciencia de que «unas políticas sociales dignas exigen una dotación de personal suficiente, que supere una estructura de personal fosilizada».