Puig afirma que la nueva ley «acabará con el urbanismo especulativo y reactivará la economía»

El President de la Generalitat, Ximo Puig, ha asegurado que la modificación de la Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje (LOTUP) que ha desarrollado la Conselleria de Vivienda permitirá acabar con el «urbanismo especulativo» y facilitará la «reactivación económica» de la Comunitat Valenciana.

«El potencial de esta ley reside en suturar la herida que existe en nuestro territorio a causa del urbanismo en B, y eso nos dará un impulso económico enorme», ha afirmado el jefe del Consell, que ha mantenido una reunión con la consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, y con los directores generales de Vivienda, Rebeca Torró, y Ordenación del Territorio, Lluis Ferrando, en la que han tratado esta reforma, que será aprobada el próximo viernes 5 de mayo por el Consell.

«El nuevo paradigma del urbanismo valenciano tiene que pasar de un modelo especulativo a un modelo basado en interés general», ha declarado Puig tras el encuentro, y ha criticado «la herencia caótica» de las políticas en esta materia desarrolladas durante la anterior legislatura por el Partido Popular.
«Se han producido una gran cantidad de normas que han resultado ineficaces para defender el interés público de los ciudadanos y proyectar el futuro de las ciudades de la Comunitat Valenciana», ha afirmado al respecto.

En este sentido, ha garantizado que la reforma de la LOTUP aborda los problemas del actual modelo urbanístico de manera «rigurosa, transparente y pragmática», y ha destacado dos ejes fundamentales de esta remodelación, que abarca la modificación de 100 artículos de la norma vigente.

En primer lugar, ha defendido la transición de las ATE, que ha calificado como un «absoluto fracaso», a los Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES), una nueva figura que tiene como objetivo la ordenación, gestión y desarrollo de intervenciones territoriales de interés general y estratégico, de relevancia supramunicipal.

Por otra parte, ha aludido a la situación de degradación de las viviendas, la recuperación de los cascos históricos y la rehabilitación, y ha recordado el gran esfuerzo que ha realizado su gobierno por solucionar este problema, algo que también se contempla en la remodelación de la norma.

«Rescatar personas y ciudades»

La consellera de Vivienda, María José Salvador, también ha tachado de «caótica» la anterior legislación en materia de urbanismo, y ha defendido que esta nueva ley pretende, de acuerdo con el espíritu del Acuerdo del Botánico, «rescatar personas y ciudades», así como «mejorar la calidad de vida de los ciudadanos».

Asimismo, ha destacado que la nueva LOTUP pone el acento en la recuperación de la gestión pública frente a la intervención privada. «Queremos que el diseño de nuestras ciudades se decida desde las administraciones, de forma más racional y con un estudio detallado de las necesidades de la ciudadanía y del medio ambiente», ha declarado.

Salvador ha detallado las cinco lineas maestras de la modificación de la ley, entre las que se encuentran la introducción de la perspectiva de género, la regeneración de los espacios degradados, así como situar la transparencia en el centro de toda la gestión urbanística con el fin de «generar estabilidad».

Es por ello que ha defendido que la ley permitirá que el urbanismo en la Comunitat Valenciana sea «más transparente, más participativo, más seguro, viable y con rigor», lo que proporcionará «una nueva identidad en materia de urbanismo».

La nueva LOTUP

La modificación de la LOTUP representa un nuevo urbanismo adaptado a la realidad del siglo XXI que apuesta por la ordenación del territorio sostenible y que recupera su función pública. Esta nueva LOTUP pretende evitar que el urbanismo se base en una perspectiva puramente especulativa, por lo que se refuerza la gestión directa del urbanismo por las administraciones y se limitan las facultades de la gestión indirecta privada para planificar y reclasificar los terrenos.

Por otro lado, la norma muestra un fuerte apoyo por la rehabilitación y la regeneración de los espacios degradados de las ciudades, incorporando medidas como flexibilizar la obligación de cesión del suelo para parques públicos en pequeños municipios, la prioridad de destinar las viviendas de protección a alquiler o el impulso de la figura del Rehabilitador para posibilitar la edificación de solares que se mantienen a través de la especulación y un control público de los objetivos de las actuaciones.

Además, los cambios en la ley también buscan desarrollar un urbanismo donde esté contemplada la perspectiva de género, una medida pionera que pretende hacer más inclusivas nuestras ciudades.

Otra de las lineas maestras se centra en facilitar las inversiones económicas sostenibles con mayor consenso y rechazar inversiones puramente especulativas. De este modo, tras el «fracaso» de las ATE, se apuesta por una nueva figura, la de los Proyectos de Inversiones Estratégicas Sostenibles (PIES), que establecerán los mecanismos de participación pública contando con los ayuntamientos y garantizando la transparencia y el consenso en cuanto a las grandes inversiones.

Por último, se pretende también dar solución a la situación «caótica» generada por el anterior gobierno como los PAI fantasma, ofreciendo a los ayuntamientos diferentes soluciones según la viabilidad, o las viviendas diseminadas, proporcionando seguridad jurídica a las familias.

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