CSIF denuncia a Seguridad Social por no dejar medir el CO2 en sede de Paterna
La central sindical CSIF ha presentado una demanda contra el Ministerio de la Seguridad Social en el Juzgado de lo Social de Valencia después de que se prohibiera a una de sus delegados acceder tanto al Centro de Atención e Información de la Seguridad Social (CAISS) como a la sede de la Tesorería General (TGSS) en Paterna para realizar mediciones de CO2.
El sindicato ha explicado que, en febrero, su delegado, como miembro del Comité de Seguridad y Salud Laboral de Administración General del Estado (AGE) en la provincia de Valencia, acudió al CAISS y a Tesorería para medir la cantidad de CO2 en el interior de las dependencias, pero que a pesar de identificarse y de desarrollar su labor, se le impidió entrar al edificio.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios ha asegurado que tras lo ocurrido interpuso denuncia ante Inspección de Trabajo, ya que la postura de la Administración podría desobedecer normas como el artículo 39.2 a) de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
Este artículo especifica que «en el ejercicio de sus competencias, el comité de seguridad y salud estará facultado para conocer directamente la situación relativa a la prevención de riesgos en los centros de trabajo y podrá realizar a tal efecto las visitas que estime oportunas».
Así, han señalado que la respuesta de Inspección de Trabajo justificó la decisión de la Administración de impedir el acceso aduciendo que «el legislador no incluye entre las funciones del delegado de prevención de riesgos el realizar mediciones de CO2».
A esto, CSIF replicó con un segundo escrito instando a Inspección a que oficiara a Tesorería General de la Seguridad Social para que facilitase el acceso a los centros de trabajo a los delegados de prevención y que estos pudieran realizar mediciones de CO2, un hecho que Inspección no ha atendido.
Por ello, el colectivo sindical ha presentado una demanda ante el Juzgado de lo Social de Valencia de reconocimiento de derecho contra la decisión del Ministerio de Seguridad Social de impedir a su delegado de prevención el acceso a oficinas con dispositivo de medición de CO2.
El sindicato ha pedido que se declare vulnerado el derecho de su delegado, como miembro del Comité de Seguridad y Salud Laboral, a «desarrollar labores de vigilancia y control de las condiciones de trabajo» y ha solicitado que «se reconozca su derecho a acceder a las citadas dependencias y a realizar las pertinentes mediciones».
Durante el último año, la central sindical ha realizado diversos controles de CO2 en diferentes centros de trabajo de Administración General del Estado en la provincia con el objetivo de comprobar si el resultado es menor de 800 ppm, pues a partir de esa cantidad ya se estaría inspirando un 1 % del aire respirado por otra persona, por lo que habría un mayor riesgo de contagio de covid. EFE