Dos «enchufados» de PSPV en Divalterra dicen que no podían firmar o contratar
Dos de los cinco directivos supuestamente «enchufados» en la empresa pública Divalterra por su cercanía al PSPV-PSOE que han declarado hoy como investigados han admitido que no tenían firma autorizada en entidad bancaria alguna ni capacidad de obligar a la empresa mediante la suscripción de contratos.
Según han explicado a EFE fuentes conocedoras de estas declaraciones, el resto de los citados hoy (Manuel Carot, Víctor Jiménez y Vicente Lucas Ferrando) se han acogido a su derecho a no declarar ante el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia, que investiga nueve contrataciones supuestamente irregulares en el seno de la citada empresa pública, gestionada por la Diputación de Valencia.
En sus respuestas al juez, al fiscal y a sus propios letrados, Miguel Ángel Ferri y Salvador Femenia -alcalde de Alqueria de la Comtessa- han detallado sus funciones y su labor diaria al frente de los puestos de alta dirección a los que se incorporaron en otoño de 2015, con un salario de 70.000 euros brutos anuales.
A preguntas del fiscal, han admitido que no tenían capacidad de firmar contratos ni de autorizar gastos frente a entidades financieras, cuestiones que, según las fuentes consultadas, podrían acreditar que realmente no ejercían funciones de alta dirección.
Otra fuentes del caso consultadas por EFE han confirmado esta declaración pero han puntualizado que en ambos casos se ha acreditado el trabajo que realizaban y que eran los responsables de diferentes áreas dentro de la organización de Divalterra, de modo que el hecho de carecer de ese apoderamiento legal no es determinante a la hora de definir sus funciones en el marco de la alta dirección.
Asimismo, han detallado que mientras permanecieron en el cargo no participaron de forma habitual en los consejos de dirección y que no tuvieron conocimiento de posibles irregularidades en su proceso de contratación, sino que conocieron este asunto por la prensa y a través de la posterior lectura del sumario.
Ambos han atribuido al entonces cogerente de Divalterra Josep Ramón Tiller la llamada para pasar a formar parte del equipo de dirección de Divalterra, y han indicado que no participaron en ningún proceso selectivo, aunque Tiller les dijo que sí lo hubo con carácter previo.
En el caso de Miguel Ángel Ferri -actual gerente de Egevasa- ha asegurado que fue el jefe de gabinete del alcalde de Ontinyent, Ricard Gallego, quien se puso en contacto con él antes de su contratación en Divalterra.
En esta causa constan también como investigadas seis personas, entre ellas el alcalde de Ontinyent, exmilitante del PSPV-PSOE y expresidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.
También su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el secretario-letrado de Divalterra, Jorge Cuerda; el exasesor Manuel Reguart y los exgerentes Xavier Simón Alventosa y Agustina Brines, con acusaciones todos ellos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La UDEF ha cifrado en cerca de dos millones de euros el coste para las arcas públicas que hubiese supuesto la contratación, durante toda la legislatura, de estas siete personas supuestamente colocadas irregularmente en la Diputación de Valencia en otoño de 2015, a razón de 70.000 euros brutos cada uno.
Sobre este extremo, la defensa del expresidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, ha señalado reiteradamente que no ha habido apropiación alguna de fondos, que estas contrataciones fueron legales, que no constan informes en contra por parte de los servicios jurídicos de Divalterra y que los empleados hicieron sus funciones y lógicamente debían cobrar por ello. EFE