El Consell aprueba las ayudas a personas desempleadas para el pago de medicamentos
El Consell ha aprobado el decreto por el que se establecen las bases y la convocatoria para la concesión de subvenciones directas al colectivo de personas en situación de desempleo, destinadas a compensar, durante 2018, los gastos relacionados con la protección de la salud.
Durante la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Gobierno valenciano, la vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha explicado que estas ayudas, que cuentan con un presupuesto de 10 millones de euros, se suman a las subvenciones económicas que concede la Generalitat para contrarrestar el copago farmacéutico en los colectivos de pensionistas, personas con diversidad funcional y menores de edad de familias de rentas bajas.
A este respecto, Oltra ha destacado que, a lo largo de estos tres años de legislatura, «el Gobierno del Botánico viene desarrollando una política clara de recuperación y ampliación de derechos en materia sanitaria», en contraposición con «los obstáculos de copago farmacéuticos que impuso el Gobierno de España» en 2012, lo que hizo que la Comunitat Valenciana «fuera la comunidad con más abandonos médicos de toda España».
Las ayudas del Consell «han permitido garantizar el tratamiento y el restablecimiento de la salud a través de la prestación farmacéutica, eliminado obstáculos económicos que el sistema de aportación de las personas usuarias y sus beneficiarios representa para determinados colectivos», ha insistido la vicepresidenta.
De hecho, a raíz de la concesión de estas subvenciones, se ha constatado cerca de un 40% menos de abandonos de tratamientos en el colectivo de pensionistas; de un 29,3% menos en el de personas con diversidad funcional y de un 12% menos en menores de edad de familias de rentas bajas.
«Las políticas de recortes en sanidad, educación o políticas sociales tienen consecuencias muy importantes en la vida de las personas», ha enfatizado la vicepresidenta, quien ha hecho hincapié en que «una prioridad de este Consell es garantizar los derechos de las personas».
El nuevo decreto del Consell amplía la protección al colectivo de personas desempleadas que reciben prestación o subsidio y a aquellas personas que lo hayan agotado, siempre que tengan un nivel de ingresos inferior a una base liquidable de 18.000 euros anuales.
Nuevas materias en ESO y Bachillerato
Por otra parte, el Consell ha aprobado el decreto por el que se modifica el curriculum y la ordenación general de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato.
La vicepresidenta ha explicado que esta modificación, para la que se han tenido en cuenta «las demandas y aportaciones de los diferentes sectores que integran la comunidad educativa valenciana», pretende «la mejora de la calidad de la enseñanza y el desarrollo de diversas competencias del alumnado».
De este modo, las principales novedades, que comenzarán a aplicarse en el curso 2018-2019, son la creación de talleres de refuerzo y de aprovechamiento, para dar respuesta al alumnado con necesidades educativas diferentes; la materia de Educación Físico-deportiva y Salud en segundo de Bachillerato, para trabajar contenidos que aumenten la autonomía personal y social; y el aumento de las sesiones dedicadas a la práctica oral en la materia Primera Lengua Extranjera.
Asimismo, también se incluye la materia de Historia de la Filosofía como materia obligatoria en segundo de Bachillerato, «un compromiso del conseller Marzà», según ha precisado Oltra. La finalidad es que «el alumnado valenciano tenga una formación ética y filosófica que ayude a desarrollar su autonomía moral y su responsabilidad cívica y democrática».
Cátedra del Bien Común
En otro orden de cosas, el Consell también ha dado el visto bueno al convenio de colaboración entre la Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo y la Universitat de València para el funcionamiento de la Cátedra de Economía del Bien Común.
Según ha explicado la vicepresidenta, esta cátedra pretende ser un modelo para «construir un sólido sistema social y económico, dirigido a desarrollar una economía de mercado ética y sostenible».
El convenio tiene un presupuesto de 30.000 euros. Se llevarán a cabo actividades de investigación y divulgación, seminarios, jornadas, talleres y publicaciones.