El Gobierno ultima la ley que obligará a declarar las criptomonedas
Todo habitante de España tendrá que declarar a Hacienda cada criptomoneda que tenga y cada movimiento realizado con ella, según el anteproyecto de Ley.
El fraude fiscal es uno de los objetivos que están en el punto de mira del Gobierno de Pedro Sánchez. El Ejecutivo ha aprobado en la última semana un proyecto de Ley con el que reforzar las medidas para controlar la compra y posesión de criptodivisas como el popular Bitcoin, el Ethereum, el Ripple, el Litecoin y otras tantas alternativas disponibles en el mercado.
Según la nueva propuesta del gobierno, todos aquellos que tengan en su posesión algún tipo de divisa digital, que se hayan animado a comprar Bitcoin de forma segura en las plataformas disponibles actualmente, tendrán que informar sobre ello a Hacienda.
Detalles como la posesión y, también, las operaciones llevadas a cabo con las criptodivisas serán importantes a la hora de determinar la Declaración de la Renta anual, independientemente de que sean monedas que se tenga en España o en territorio internacional.
Una medida establecida para intentar pelear contra el fraude y para amoldarse a los tiempos que corren. Las criptomonedas, especialmente el Bitcoin, han sufrido un enorme crecimiento en los últimos años, a pesar de la fluctuación de su valor. Según las primeras estimaciones, el Fisco planea recaudar cerca de los 830 millones de euros con esta nueva medida.
Sobre el papel, es una propuesta que resulta interesante a la hora de engrosar las arcas del Estado y controlar un poco más el capital que se mueve en el entorno digital. Y es que, a pesar de que monedas como el Bitcoin resultan casi imposibles de predecir, no son pocos los consumidores que se han lanzado a este mercado buscando beneficios.
La normativa quiere perseguir algo que había dejado por libre hasta el momento, sin embargo, hay ciertos vacíos legales que ya están haciendo saltar las alarmas entre los sectores implicados. La ley actual exige usar el modelo 720 de la declaración cuando se tengan bienes en el extranjero por un valor superior a los 50.000 euros.
¿El problema de esta iniciativa? Que el dinero virtual que esté en un monedero virtual no tiene ningún tipo de ubicación geográfica. Eso abre un vacío legal que ya está en el punto de mira de muchos frentes, y que el Ejecutivo tiene que controlar si realmente quiere que su medida surta el efecto deseado a nivel recaudatorio.
Por supuesto, todavía quedan por delante la elaboración del texto y su presentación. La idea ya está establecida y la maquinaria en marcha para intentar tener un mayor control sobre el flujo de criptomonedas en España. Algo que ya llevaba tiempo planteándose, y es que fue el propio gobierno de Sánchez el que, hace dos años, empezó a mover ficha en este ámbito.
Del anteproyecto de Ley de 2018 a la Ley definitiva en 2020
PSOE y Unidas Podemos plantearon ya en febrero de 2018 un anteproyecto de Ley compuesto por 16 artículos entre los que figuraba el seguimiento de la posesión y movimientos realizados con criptomonedas.
La obligación del “suministro de información sobre los saldos que mantienen los titulares de monedas virtuales” fue la primera piedra indicada en aquella propuesta de la que bebe la nueva ley que se está gestando. Del mismo modo, el aspecto de “suministrar información acerca de las operaciones sobre monedas virtuales” es otro en el que se apoya por completo.
Lo cierto es que, hasta el momento, ya se estaba empezando a observar un cambio en el comportamiento de Hacienda respecto a esto. Durante el ejercicio de 2019 y, sobre todo, durante la campaña de la Renta de 2019, Hacienda empezó a lanzar avisos a los cerca de 15.000 usuarios de criptomonedas que hay actualmente en España.
La entidad, a la hora de realizar el borrador pertinente para la Declaración de la Renta, avisaba de que, acorde a sus datos, el usuario en cuestión habría realizado operaciones con criptomonedas, recordando que “los beneficios generados en dichas operaciones constituyen rentas sujetas a IRPF”.
Desde la propuesta de 2018, el Fisco empezó a trabajar para poder hacer un fuerte seguimiento de todo este tipo de operativa, integrando nuevas soluciones informáticas y solicitando la información respectiva de los contribuyentes. Sin embargo, no será hasta ahora cuando Hacienda empiece a establecer los criterios adecuados sobre qué declarar y qué no.
La nueva Ley del Fraude quiere sentar un precedente necesario en unos tiempos que están en constante cambio. Las criptodivisas han pasado de ser una alternativa económica a convertirse en un fenómeno más que asentado, con grandes entidades bancarias impulsando sus propias propuestas dentro del sector.
Gobiernos de medio mundo han intentado regularlas y han ido improvisando en numerosas ocasiones para intentar establecer los criterios adecuados para su seguimiento. En España, el movimiento se está haciendo de forma lenta pero firme, paso a paso. Por el momento, se desconoce la fecha en la que la nueva ley entrará en vigor, pero se prevén cambios importantes de cara a la campaña de la Renta 2020.