EU de Aldaia se reafirma en sus denuncias y señala que cumple con su «función de oposición»
Esquerra Unida Verds de Aldaia se ha reafirmado en sus denuncias ante la Fiscalía Provincial y considera que «el alcalde trata vanamente de ‘negar la mayor’ al centrarse en un mero error de interpretación contable». EU considera asimismo que el gobierno local «ha optado por atacar a este grupo municipal de forma torticera y tratando de desviar el foco de la denuncia a la Fiscalía de Valencia presentada en tiempo y forma el pasado 2 de mayo del 2018. Una denuncia que plantea graves hechos constitutivos, presuntamente, de prevaricación, por no cumplir la ley sobre contratación pública con la adjudicación de servicios sin concurrencia pública; troceamiento de facturas que el interventor ha estado sancionando con «reparo suspensivo» desde el año 2016; e incluso de fraude político, ya que se incumplen abiertamente los compromisos electorales del PSOE local que prometió retornar a la gestión pública los servicios privatizados, así como las promesas realizadas a principios de 2016 ante los medios de comunicación sobre re-municipalizar la gestión de nóminas del personal municipal para ahorrar a las arcas públicas un 20%.
Juanjo Llorente, concejal portavoz de EU Verds de Aldaia señala: «Como puede observarse en el texto de la denuncia presentada a la Fiscalía provincial, en la misma tan solo se incluyen hechos que cuentan con el correspondiente respaldo documental, solicitando a este órgano judicial que valore si los mismos son constitutivos de delito o no y a realizar cuantas indagaciones y actuaciones probatorias estime oportuno». (Ver aquí:https://drive.google.com/file/d/1Zkh5WFMKQuACbd1NfItmlK7f-efZSDi1/view?usp=sharing)
«Por otra parte, sigue diciendo Juanjo Llorente, hay que señalar que la información incluida en la denuncia sobre las cantidades y número de facturas libradas por el ayuntamiento a la empresa gestora de las nóminas del personal municipal ha sido la aportada por el propio ayuntamiento, saltándose los plazos legales de respuesta y proporcionando una información contable que no era la demandada (literalmente los «pagos realizados por el ayuntamiento a la empresa de gestión de nóminas»). Información que, posiblemente, infringe (nuevamente) la ley valenciana de Transparencia, cuyo artículo 8.1 sobre «publicidad activa» obliga a las administraciones a proporcionar una información siempre presentada de forma clara, estructurada y comprensible, lo que no habría sido el caso en este caso. (Ley 2/2015, de 2 de abril,de la Generalitat, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana)».
«A este respecto, dice finalmente Juanjo Llorente, es verdad que las cantidades citadas me resultaban desorbitadas, pero era lo que ponían los listados suministrados por el Ayuntamiento, tal como puede constatarse en los enlaces incluidos, listado contable de pagos durante 2016 y 2017, respectivamente». Llorente advierte igualmente que «las amenazas socialistas de ‘denunciar al denunciante’ por cumplir su función como oposición, en caso de llevarlas a cabo, corren grave riesgo de provocar la hilaridad general de la Judicatura y de la población aldaiera».