¿Existe una solución para la ciberdelincuencia?
La Guardia Civil advierte de que las estafas y los delitos cometidos en Internet gozan de “una impunidad casi absoluta” y da especial importancia al trabajo preventivo
La llegada de Internet a los hogares y a la telefonía móvil ha marcado un antes y un después en la historia de la humanidad y sin ningún tipo de dudas este hecho es uno de los hitos más característicos del recién estrenado siglo XXI. La creación de estas redes comunicativas han abierto un sinfín de posibilidades a sus consumidores, los llamados internautas, y cada vez cuesta más encontrar a personas que sean ajenas a la incidencia de la World Wide Web y vivan de la forma que se hacía hace treinta o cuarenta años.
Todo está en Internet. Todo. Y precisamente ese es uno de sus grandes problemas. Obedeciendo al dicho que dice “hecha la ley, hecha la trampa”, los delincuentes también han encontrado cobijo en el ciberespacio y han dado con las fórmulas para hacer daño a los internautas sin dejar grandes pistas a su paso. Los virus, las ciberestafas o los jaqueos se han convertido en un ente más de la red online y lo cierto es que resulta verdaderamente complicado no sólo luchar contra ellos, sino ofrecer una solución a las víctimas de sus ataques.
Es más, recientemente el teniente coronel de la Guardia Civil, Juan Sotomayor, jefe del Departamento de Delitos Telemáticos de la Unidad Central Operativa (UCO) reconocía en una conversación para el diario ABC que “la impunidad del cibercrimen es casi absoluta y los que cometen delitos lo saben”. Por ello, se aprovechan de este hecho para llevar a cabo distintos actos delictivos donde el delito de estafa cobra especial protagonismo.
Además, el propio Juan Sotomayor afirma que “ningún ámbito delictivo está creciendo de forma cercana al 40% anual como este”. Este no es el único dato que aporta, el especialista en delitos telemáticos explica que, si en 2019 se produjeron 218.302 hechos delictivos, tan solo 30.841 se esclarecieron y de esos, menos de 9.000 terminaron en una investigación o detención. Estas cifras, procedentes del VII Informe sobre Cibercriminalidad del Ministerio del Interior, revelan que un 95% de estos delitos quedan exentos de ser juzgados.
No son delitos nuevos
El abogado penalista Gerson Vidal Rodríguez trata de arrojar un tanto de luz sobre un problema que, en vista de los datos expuestos por Juan Sotomayor, no sólo está a la orden del día sino que es verdaderamente preocupante por su grado de impunidad. El letrado explica que “en realidad, los delitos cibernéticos o telemáticos no son sino delitos clásicos como son las estafas, los delitos contra la intimidad, las falsedades o la usurpación del estado civil, solo que cometidos mediante medios tecnológicos”. Esto quiere decir que “no son estrictamente nuevos delitos, sino delitos cometidos a través de nuevos medios”.
El problema, pues, reside en la utilización de avances informáticos o de internet, que otorgan unas especiales características a estos delitos clásicos y dificultan enormemente su investigación. Gerson Vidal aclara que “los nuevos medios tecnológicos y el anonimato que brinda internet se configura como un serio obstáculo para determinar a los autores de la infracción penal. Si a ello le añadimos que dichas nuevas tecnologías permiten delinquir desde cualquier punto del planeta, tenemos un cóctel explosivo”.
¿Qué pueden hacer las personas afectadas?
En primer lugar, y a pesar de lo expuesto anteriormente, el primer paso siempre debe ser “denunciarlo ante las autoridades competentes”. Sólo con la presentación de la correspondiente denuncia “se logrará que el perjudicado tenga opciones de paliar o aminorar el daño sufrido”. Por ello, el abogado insta a cualquier persona perjudicada por un delito electrónico a realizar “dos acciones inmediatas”. Estas son: “comunicar lo sucedido a su entidad de crédito o bancaria e interponer la correspondiente denuncia tan pronto como tenga conocimiento de dicha infracción”.
Así pues, como posible solución a este problema y al respecto de la primera medida que invita a realizar, Gerson Vidal recuerda que “en esta clase de delitos, sobre todo en los de contenido económico como las estafas, donde se han invertido o utilizado servicios de entidades bancarias o de crédito, la solución para el perjudicado no pasa tanto porque se encuentre y castigue al culpable, cosa que resulta muy difícil, como por que se le restituya el perjuicio causado”.
De esta manera, “en muchas ocasiones, el banco podría cubrir el perjuicio causado aun cuando no se encuentre al culpable”. No obstante, para ello el perjudicado deberá haber obrado con una mínima diligencia y haber comunicado de inmediato a la entidad financiera lo sucedido. Sólo así logrará que dicha entidad responda por lo sucedido.
Esta es la posible solución que se le ocurre al letrado, ya que “si por solución entendemos que se encuentre y castigue al delincuente, la respuesta en la mayoría de las ocasiones es que es prácticamente imposible castigar al autor de los hechos”.
Trabajo preventivo
En vista del grado de impunidad que rodea a este tipo de delincuencia, tanto Juan Sotomayor, como el propio Gerson Vidal, apuntan a la labor preventiva para atajar los ciberdelitos y reducir su incidencia en la sociedad. “En la actualidad, el problema solo puede ser abordado desde dos perspectivas: la educación en el uso de las nuevas tecnologías a los consumidores y usuarios; y la mejora de los sistemas de seguridad de las entidades que prestan servicios de comercio o banca electrónica”, zanja el abogado, que defiende estas medidas como mejor solución ante la indefensión de los usuarios