La inflación pone en jaque a tres de cada diez familias de la Comunitat Valenciana
T. L
El incremento de los precios que se viene experimentando desde hace un año y medio, acarreando la consiguiente crisis inflacionaria en la economía, ha provocado que los hogares con menos ingresos se hayan visto obligados a una reducción en sus gastos esenciales y ha puesto en jaque a tres de cada diez familias en la Comunitat Valenciana, al igual que en el resto de España, dado que sufren serias dificultades para poder continuar cubriendo adecuadamente sus necesidades básicas.
Esta es la conclusión del informe ‘El coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo’, presentado recientemente por la Fundación FOESSA, en el que se especifica que tres de cada diez hogares en España, el 31,5%, que representan unos seis millones de familias, no cuentan con un presupuesto que garantice unas condiciones de vida dignas, es decir, que viven con ingresos inferiores al 85% de lo que necesitarían para ello. Esta estimación se basa en lo que se denomina Presupuesto de Referencia para unas Condiciones de Vida Dignas (PRCVD), un sistema de medición complementario “que permite abordar la pobreza no solo a partir de los ingresos disponibles, sino que los asocia a las necesidades básicas de los hogares”.
Concretamente, el PRCVD establece “el presupuesto mínimo que necesita una familia para vivir con dignidad en un contexto concreto”.
Además, según se especifica al respecto, el objetivo es “adaptar dicho presupuesto a las características específicas de cada tipo de hogar, de forma que la pobreza no se defina de manera abstracta, atendiendo únicamente a los ingresos, sino de una forma concreta, en relación con las necesidades de los hogares”. De esta forma, no se tiene en cuenta sólo la alimentación, sino también la vivienda, su equipamiento y suministros, así como la enseñanza, los gastos sanitarios, la atención a la dependencia e incluso el ocio, hasta un total de ocho tipos de gastos que se consideran necesarios para una vida digna.
El 70% de hogares con menos ingresos ha reducido el gasto en ropa y zapatos, casi la mitad ha recortado el presupuesto de alimentación y el 18% de familias con niños ha dejado de usar el comedor escolar
Merma en los ingresos
Los gastos esenciales en alimentación, vivienda y transporte, que son a los que las familias están dedicando la mayor parte de sus ingresos, son precisamente los que están soportando el mayor incremento de los precios, según se destaca en el informe, ya que la inflación correspondiente a los gastos en vivienda y suministros como el agua, la luz o el gas, llegó en junio de 2022 al 19%, al igual que en los de transporte, mientras que el incremento de los precios de la alimentación superó el 13%.
Para exponer de forma más concreta la situación, en el informe se explica que “si antes de la crisis de la inflación, los hogares con ingresos inferiores a 1.500 euros mensuales destinaban a estas tres partidas, alimentación, vivienda y transporte, 61 euros de cada cien que ingresaban, al terminar el año estarán dedicando 80 de cada cien. Y las familias en peor situación, con ingresos menores a los 1.000 euros, que antes de la crisis se veían obligadas a dedicar casi el 70% de esa cantidad exclusivamente a vivienda y alimentación, al finalizar el año superarán los 80 euros de cada 100”.
Recortes en lo básico
Esta situación ha llevado inexorablemente a las familias con menos ingresos a una obligada reducción en sus gastos esenciales. Así, según el informe de FOESSA, “siete de cada diez hogares vulnerables han renunciado o han reducido sus gastos en ropa y calzado y casi la mitad, tres millones de hogares, han recortado el presupuesto familiar en alimentación, hasta el punto de que una cuarta parte de ellos no puede llevar la dieta especial que necesita por cuestiones médicas, o que el 18% de hogares con niños ha dejado de usar el comedor escolar por no poder costearlo, casi medio millón de hogares con niños a cargo”.
Asimismo, en gastos imprescindibles como luz o gas, “sobre todo, si el hogar integra menores de edad o personas dependientes, seis de cada diez hogares han reducido el consumo de electricidad, agua o calefacción, y un 22% ha pedido ayudas para pagar sus suministros. Pese a los riesgos evidentes para la salud, una tercera parte de los hogares con graves dificultades renunció a tener un accesorio sociosanitario que necesitaba, como prótesis, gafas o audífonos, y el 14% dejó de comprar algún medicamento por cuestiones económicas”.
Justicia social y trabajo
En vista del panorama, desde FOESSA y Cáritas apelan a la justicia social y a trabajar por el bien común, señalando que “parece claro que las políticas sociales han de complementar los ingresos de los hogares cuando estos no son suficientes, facilitar el acceso a puestos de trabajo estables y de calidad, de modo que se evite la precariedad laboral, y promover el acceso a una vivienda digna y adecuada, mediante una política pública de vivienda. También las políticas de inversión en sanidad, educación y atención a la dependencia resultan fundamentales para que los hogares en situación de carencia no se vean en una trampa en la que las estrategias que se ven obligados a implementar en el corto plazo limiten su capacidad de salir de la pobreza”.