La Plataforma de Afectados por los Fotorrojos de Catarroja se moviliza tras la sentencia del Supremo para exigir la anulación de las multas
La Plataforma de Afectados por los Fotorrojos de Catarroja ha iniciado movilizaciones, tras la reciente sentencia del Tribunal Supremo que rechaza el recurso del Ayuntamiento de Catarroja y ha venido a ratificar que no se puede multar con fotorrojos porque carecen de valor probatorio. La plataforma de afectados ha convocado una primera asamblea para el próximo jueves 18 de enero, a las 19.30 h., en el Casal de la Falla del Mercat, situado en la C./ Cami del Bony, 1, en el polígono industrial de Catarroja.
Desde la plataforma se ha señalado que «los afectados vamos a estudiar qué acciones emprender para acabar con este sistema de multas abusivo que perjudica a toda la población».
En un comunicado, la plataforma ha recordado que, «en noviembre de 2015, una sentencia del Tribunal Supremo propició la retirada de este sistema en la ciudad de San Sebastián. Tras esta sentencia, y otras irregularidades denunciadas multitud de veces, confiábamos en que se le pondría fin. No fue así. Ahora, el 14 de diciembre de 2017, una nueva sentencia del Tribunal Supremo declara especificamente ilegal el sistema de fotorrojos de Catarroja. Consideramos que, en contra de algunas de las noticias aparecidas en prensa, existen elementos jurídicos más que suficientes para solicitar que las cámaras de este sistema recaudatorio sean retiradas, así como anuladas las multas anteriores. Catarroja no da por perdida la batalla, ¡Catarroja no se rinde!».
Asimismo, se explica que «unos vecinos como tú hemos dicho basta ya y hemos dado un primer paso. Toca ahora, en esta primera asamblea, consensuar entre todos y todas cómo vamos a funcionar, qué siguientes pasos vamos a dar. Pensamos que es posible que la batalla sea larga, pero juntos se puede ganar. Catarroja no, no se rinde. También hemos considerado oportuno contar con opinión cualificada, y para ello nos acompañarán: Arantxa Soler Lozano, abogada licenciada en Derecho por la Universitat de València;
Felicidad Lozano Ballester, abogada licenciada en Derecho también por la Universitat de València; Miguel Ángel Rodríguez Chuliá, director del despacho Gestión Jurídica Hipotecaria, y
Juan José Luna Lloris, abogado licenciado en Derecho por la Universitat de València».