Las restricciones aumentan las quejas al Síndic de Greuges en servicios sociales y municipales

La institución denuncia la falta de transparencia y la poca argumentación en las medidas impuestas, así como la inoperancia de la Administración.

Las consecuencias de las restricciones impuestas por la crisis sanitaria durante 2020 se han acusado también en las quejas recibidas por el Síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, que aumentaron significativamente en las áreas de servicios sociales y municipales, así como en la de educación, en relación con 2019, tal como se refleja en el informe anual de la institución defensora de la ciudadanía, la cual ha criticado expresamente la falta de transparencia y la poca argumentación en las medidas impuestas por las autoridades, así como la inoperancia de la Administración pública en la prestación de sus servicios.

En porcentaje, las quejas iniciadas en materia de servicios sociales durante el año pasado fueron casi un 35% más que en el anterior, mientras que en servicios públicos locales o municipales se incrementaron en un 48% en 2020 respecto a 2019, según los datos del informe. Y adicionalmente, en el área de Educación es, singularmente, en la que se produjo el mayor aumento, con un 81% más de quejas en relación con el ejercicio anterior.

En cuanto a los organismos públicos autonómicos afectados por las quejas, la que se lleva la palma, en cifras absolutas, es la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, con 1.302, seguida ya a mucha distancia por la de Educación, con 267, y la de Sanidad Universal y Salud Pública, con 244. Y respecto a los organismos públicos locales afectados, las 1.678 quejas iniciadas en 2020 se reparten entre diversos entes municipales de las tres provincias, 806 en los de Alicante, 130 en los de Castellón y 742 en los de Valencia.

Limitación de derechos

El informe del Síndic de Greuges señala asimismo que se han recibido “quejas basadas en restricciones de derechos, como la libertad de movimientos, de reunión, etcétera, que tenían como consecuencia la limitación de actividades económicas o de ocio, mayoritariamente”. Y, en este sentido, resalta que “no tiene esta institución ni facultades legales ni personal con competencia científica para discutir la conveniencia de las decisiones administrativas adoptadas, pero sí es obligado atender a cuestiones formales, cuya observancia puede resultar esencial para valorar si la intervención sobre los derechos de la ciudadanía se ha realizado de forma equilibrada y proporcionada”.

Por ello, tras recordar que “diferentes organismos internacionales, como la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, han analizado la afección a la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho durante las situaciones de emergencia”, recalca la importancia de “no perder de vista que la protección de algunos derechos fundamentales, como la salud o la vida, exige tener en cuenta la existencia de otros derechos, también fundamentales, cuyo ejercicio debe protegerse igualmente. Para ello, se impone reducir al máximo, y siempre de manera motivada por la condición de necesidad, las limitaciones aplicadas a estos otros derechos”.

El informe concluye al respecto que, aunque “en la Comunitat Valenciana el estado de derecho no ha estado en peligro” y “la vía de los tribunales de justicia ha estado siempre abierta”, ello “no exime de la obligación de buscar prácticas más adecuadas para paliar las acciones que hayan ocasionado perjuicios a la ciudadanía o, como mínimo, sentimientos de malestar o de agravio”, considerando que “una parte de la ciudadanía ha podido percibir como producto de un desafuero la contundencia de algunas medidas adoptadas”.

Amontonamiento de normas

Y a partir de aquí es cuando el Síndic de Greuges expone sus denuncias sobre la actuación de la Administración pública. Señala el “amontonamiento de normas” que dificultan su inteligibilidad y adecuada publicidad, y la existencia de muchas disposiciones “publicadas sin un preámbulo, exposición de motivos o relación de antecedentes que justificaran y contextualizaran, de manera suficiente, su adopción”, incumpliendo “la obligación de motivar, de manera expresa y razonada, las decisiones que se adoptan”. Además, asegura que “no parece suficiente una escueta, literal, apelación a la «proporcionalidad a los datos epidemiológicos o a la situación de los hospitales» para

dar por justificadas medidas duras de asumir por afectar negativamente a la economía de muchas familias o a los usos sociales generalizados”.

Por ello, añade que “a mayor gravedad en la limitación, mayor exigencia en el rigor de la motivación y la explicación, y en estos últimos tiempos las restricciones al ejercicio de algunos derechos fundamentales han resultado tan intensas como poco argumentadas”.

Asimismo, denuncia que “no han gozado de suficiente publicidad los criterios o informes de expertos, conocidos y contrastados, que estaban detrás de las decisiones adoptadas”, aunque ello “no ha sido un problema exclusivo de la Comunitat Valenciana”, y resalta que “la falta de transparencia respecto de datos epidemiológicos, análisis, informes o justificaciones tampoco ha ayudado a la comprensión ciudadana de la necesidad y oportunidad de las prohibiciones o condicionantes”.

Dificultades para las ayudas

Por otro lado, el informe constata que “se ha hecho imprescindible «ir a buscar» a la Administración y sus ayudas “por vericuetos y accesos burocráticos que sólo algunos conocen. El resultado es que las ayudas no siempre llegan a quienes más las necesitan sino a quienes saben cómo encontrarlas, porque a menudo a las necesidades de las personas se suma su falta de capacidad para relacionarse con la Administración”. Además, se señala la existencia de “tramitaciones complicadas, cargadas de

requisitos que, más que nada, son impedimentos que debe saber sortear la ciudadanía”.

Tras recordar que “siguen generando quejas los expedientes relativos a las ayudas a la dependencia, la renta valenciana de inclusión o las solicitudes de vivienda pública”, el Síndic de Greuges destaca que “las nuevas ayudas de emergencia, creadas para hacer frente a los daños provocados en diferentes sectores económicos, han vuelto a poner de relieve tanto el voluntarismo de los poderes públicos como su desconocimiento sobre las aptitudes de su aparato administrativo para llevarlas a efecto. Se siguen aprobando y publicitando prestaciones, ayudas o subvenciones sin tener en cuenta la capacidad de gestión de éstas, lo que ha dado lugar a colapsos en los trámites y a no pocas frustraciones sociales”.

Administración bajo mínimos

Finalmente, el informe califica como la “experiencia más dura” la de “comprobar cómo la Administración pública estaba trabajando bajo mínimos, mientras las demandas sociales se situaban en máximos. Para muchos ciudadanos ha resultado una experiencia angustiosa afrontar la imposibilidad absoluta siquiera de contactar con los servicios públicos más esenciales, como los sanitarios o los sociales”. Al respecto, menciona el hecho de que, “en no pocos casos y ante las situaciones de carencia más dramáticas, como la falta de alimentos, ropa o productos de higiene, las respuestas han venido del tejido asociativo ciudadano. Asociaciones vecinales, pero también festeras, deportivas o gastronómicas, han proporcionado la ayuda que no llegaba por los conductos oficiales”.