La empresa de Puerto Mediterráneo acusa al Consell de «falta de rigor» en su informe
(EFE). IntuEurofund, empresa promotora del proyecto de Puerto Mediterráneo de Paterna han acusado al Consell de falta de rigor al emitir un informe desfavorable a la tramitación del proyecto, que contempla una inversión de 863 millones de euros y la creación de unos 5.900 empleos directos. El pasado 29 de septiembre, la Comisión de Evaluación Ambiental de la Generalitat acordó emitir una memoria ambiental desfavorable a la Actuación Territorial Estratégica (ATE) Puerto Mediterráneo, en la localidad valenciana de Paterna, por los accesos y la contaminación del aire.
En un comunicado, IntuEurofund ha denunciado hoy que la comisión medioambiental de la Generalitat fue convocada «un año y medio después de contar con todos los informes necesarios» y que la memoria que realizaron analizaba «cuestiones sobre las que previamente ya se habían pronunciado otras memorias favorables».
«Esta Comisión, faltando al rigor mínimo necesario y preciso que debería tener un órgano colegiado de dicha naturaleza y en contra de informes emitidos con anterioridad por los órganos técnicos competentes, informa desfavorablemente», han denunciado.
Desde IntuEurofund se han referido al Informe del Subdirector General de Ordenación, Planificación y ATES del 17 de abril de 2015, que establece que «del análisis de la documentación presentada y, desde el punto de vista del ordenación del territorio, urbanismo y paisaje, cabe deducir que no hay factores críticos dentro de la ordenación estructural que impidan la emisión de la Memoria Ambiental dentro del proceso de tramitación de la ATE».
Asimismo, han matizado que los informes precedentes del Ministerio de Fomento de 2012 y 2014 son favorables y tan solo solicitan «aclaraciones y justificaciones en relación con el análisis de tráfico, las nuevas infraestructuras planteadas y la compatibilidad con actuaciones en proyecto».
Por ello, han anunciado que esta semana se va a presentar una propuesta con las aclaraciones a este tema y cuestiones «de simple actualización técnica por el paso del tiempo», con el fin de «garantizar la compatibilidad de las actuaciones propuestas con el trazado de las futuras actuaciones previstas por el Ministerio de Fomento».
Sobre las consecuencias territoriales y ambientales desfavorables que aparecen en el informe, han asegurado que son fruto «de la opinión de la propia Comisión de Evaluación Ambiental» que «nunca había sido puesta de manifiesto con anterioridad y que resulta contraria a derecho al realizarse tras cuatro años de tramitación del proyecto».
Han negado que los terrenos que ocuparía Puerto Mediterráneo formen «la única bolsa de suelo no urbanizable en Paterna», puesto que, han asegurado, solo «representan un 15 %» de este tipo de suelo en el término municipal.
Han resaltado que para elegir el emplazamiento «se tuvieron en cuenta, además de aspectos de actividad comercial y dinamización de la economía, la congruencia de los mismos con la Estrategia Territorial y el interés general».
En cuanto a la parte medioambiental, IntuEurofund ha afirmado que «no hay ningún informe técnico que, más allá de vaguedades y generalidades, concluya cuales son los efectos negativos sobre la calidad del aire y el cambio climático».
Además, han asegurado que quedaría garantizada la totalidad de recursos hídricos necesarios, dado que la Confederación Hidrográfica del Júcar así lo concluyó en febrero de 2015.
En cuanto al impacto socioeconómico de Puerto Mediterráneo, es «indiscutible» para la promotora, por lo que, a su juicio, «resulta cuanto menos absurdo el intento de la comisión de desvalorizarlo».
En este sentido, se han referido al informe de la Conselleria de Economía de 2014 que afirmaba que «el emplazamiento es apropiado para la actuación», «mejorará la imagen de la Comunidad Valenciana a nivel internacional» y «puede llegar a dinamizar el municipio incrementando su índice de superficie comercial».
«Todo lo anterior, evidencia un cambio absoluto (de criterio) por cuestiones de oportunidad y arbitrariedad, lo cual conlleva a una clara desviación de poder y un absoluto desprecio de la seguridad jurídica y la confianza legítima de la Administración», han concluido.
(Foto: EFE)