Paterna anula el contrato que tenía con el abogado de Agustí por el Auditori

El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Paterna, Juan Antonio Sagredo, ha informado hoy que Lorenzo Agustí ha anulado el contrato municipal que tenía con el abogado penalista que le lleva su defensa judicial en el Caso Agustí por el que el alcalde está imputado por prevaricación por adjudicar, supuestamente a dedo, el proyecto del Auditori.

Sagredo ha explicado que, casualmente, ha sido el propio alcalde y miembros de su Equipo de Gobierno los que, en la Junta de Gobierno Local celebrada este lunes 19 de mayo, han dejado sin efecto el contrato menor que aprobaron en agosto de 2013 con el letrado catalán Manuel Troyano adjudicándole la defensa judicial de Agustí.

Y es que, según ha destacado el portavoz socialista, “el abogado en cuestión no ha aportado al consistorio, que es el que costea los honorarios del jurista, los certificados positivos de la Agencia Tributaria y la Seguridad Social”.

Sobre este hecho, que Sagredo considera como una “tapadera”, el dirigente socialista ha indicado que “resulta, cuanto menos sospechoso, que un abogado de renombre de un prestigioso bufete de Barcelona no presente al Ayuntamiento de Paterna los certificados de estar al corriente de sus obligaciones fiscales que se le requieren para poder seguir adelante con el contrato ya adjudicado”.

Sin embargo, para el portavoz socialista, todo esto obedece al temor, tanto de Lorenzo Agustí como de cinco de los concejales del PP que conforman la Junta de Gobierno Local, de ser acusados de prevaricación por autorizar el pago, con fondos públicos, de la defensa del alcalde.

En este sentido, Juan Antonio Sagredo ha destacado la coincidencia en el tiempo de esta medida con el comienzo del juicio contra los siete concejales de Santiago de Compostela acusados de prevaricación por un asunto idéntico al de Paterna.

Asimismo, el dirigente socialista ha recordado que, en el momento que supieron de la contratación de los servicios jurídicos de Troyano, su grupo denunció que el alcalde pagase su defensa particular por un delito de prevaricación con dinero del erario público, calificando la acción de “indecencia política”.

Comentarios: 0

Su dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *