Compromís exige que el Ayuntamiento de Torrent se ajuste a la normativa en todos sus contratos públicos

Las conclusiones y recomendaciones de la auditoría independiente sobre el área de Contratación del Ayuntamiento de Torrent, datada el 22 de noviembre de 2017, reflejan que diferentes procesos de contratación municipales correspondientes a 2015 carecen de las obligaciones y la transparencia a las que obliga la legislación en materia de contratos del Sector Público.

En cuanto a la justificación de la necesidad de contratar, en 4 de los 17 expedientes analizados esta necesidad se motivó sin concretar las circunstancias específicas existentes en el momento en el que se propuso la tramitación del expediente, entre los que figuran las obras de habilitación del aulario de la Escuela Oficial de Idiomas, dos proyectos de drenaje y colectores de aguas y el relativo al contrato del Programa Municipal de Atención a la Infancia.

Los cálculos y la determinación del presupuesto de los contratos también ha sido objeto de críticas en el informe, dado que los procedimientos negociados sin publicidad no incluyeron los aspectos técnicos y económicos que tendrían que ser objeto de negociación con las empresas, tal y cómo se exige en el artículo 176 de la Ley de Contratos del Sector Público y el 67.2.L del Reglamento General de contratación pública. En concreto se especifica que como parte de las actuaciones preparatorias de la

contratación tendría que constar en el expediente el estudio económico justificativo del coste real del servicio que se pretendía contratar, el cual tiene que estar de acuerdo con el precio de mercado.

También, en cuanto a los criterios de adjudicación, los órganos de contratación tendrían que concretar, en los pliegues de contratación, el contenido de las mejoras que se vayan a valorar, como por ejemplo el método de valoración o de distribución de puntos en cada una de ellas. Para el grupo municipal de Compromís, y así lo refleja el informe, el acceso previo a esta información resulta necesario para los licitadores, porque sólo de este modo pueden conocer en igualdad de condiciones cuáles son las mejoras que pueden ofertar, así como saber cuáles de las mejoras ofertades serán las mejores valoradas por el órgano de contratación, otorgándole al proceso la necesaria transparencia y objetividad.

En otros aspectos de la negociación contractual no se ha acreditado documentalmente que se efectúo la negociación con las empresas consultadas, lo que no se ajustaría en lo dispuesto en el artículo 169 de la Ley de Contratos del Sector Público. Esta carencia de transparencia afecta también a las publicaciones de los contratos que superaron en 2015 los límites establecidos en el artículo 154.2 de esta ley (contratos de más de 100.000€ o contratos de gestión de servicios públicos de más de 5 años de duración).

El portavoz de Compromís per Torrent, Pau Alabajos, ha explicado que la suma de los contratos adjudicados, en la muestra analizada por la auditoria, suman un total de 1.688.291’34€, lo cual supone que si en un porcentaje de la contratación han surgido todos estos inconvenientes haría falta que el Ayuntamiento de Torrent dotará de los medios necesarios a la Intervención Municipal para poder analizarse la totalidad de estos expedientes y así avanzar hacia un modelo de fiscalización plena que acabe con modelo limitativo actual.

Alabajos ha concluido explicando que esta petición de su grupo, de dotar de más medianos humanos y técnicos al área de Intervención, no es nueva dado que año tras año “venimos pidiéndolo tanto en las enmiendas a los presupuestos locales como en las alegaciones a la Contabilidad Municipal”.

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