Xirivella no subirá los impuestos para el próximo año
El gobierno de Xirivella ha decidido congelar el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) y ha introducido importantes exenciones en este gravamen en función de circunstancias sociales (un 75%), por fomento del empleo (un 60%), y por circunstancias culturales e histórico artísticas (un 50%).
Además se congela la tasa de basura para las viviendas y para aquellos epígrafes más bajos. Para favorecer la instalación de nuevas actividades que revitalicen el comercio y aumenten la posibilidad de generar empleo se rebaja un 46,6% las tasas para poder abrir un nuevo negocio.
El pleno del Ayuntamiento ha aprobado la propuesta de impuestos y tasas para el 2016. Los objetivos básicos de la nueva política fiscal del gobierno de Xirivella son mantener el equilibrio presupuestario, anteponer las personas a los números, hacer los servicios más asequibles y favorecer la creación de nuevos comercios. Todo ello atendiendo a las personas que peor lo están pasando.
Según el alcalde de Xirivella, Michel Montaner: “son una ordenanzas responsables, que ingresan más que bonifica y mantendrán el equilibro económico del Ayuntamiento, pero que ayudarán a quién más lo necesita. Incumplen el Plan económico aprobado por el PP y así lo han hecho constar los técnicos en su informe. Según ese plan, deberíamos subir todos los impuestos y no poner bonificaciones. Por ese motivo, el PP votó en contra y anunció un recurso contencioso administrativo. No sé qué pasará al final, ni sé si un juez nos obligará a subir los impuestos, pero sí sé que el Gobierno de Xirivella ha hecho lo que tenía que hacer: gobernar para las personas”.
Control presupuestario atendiendo a las necesidades
La política económica del nuevo equipo de gobierno se basa en el control presupuestario pero también en la atención a las personas con mayores necesidades. Por eso, la nueva ordenanza de la Ayuda a Domicilio amplía el tramo en el que se está exento de pago hasta los 799 euros, que en este momento estaba en 533 euros.
Además, las familias que cobran menos del IPREM tendrán una bonificación del 100 por cien en el recibo de la recogida de basura.
Por otro lado, aquellas mujeres víctimas de la violencia que dependan económicamente de su maltratador no tendrán que pagar los cursos de atención psicológica a los que asisten.
Las ordenanzas municipales para el 2016 tienen también en cuenta la participación ciudadana y con el objetivo de facilitarla se crea la exención por la utilización esporádica de un local.
Para favorecer la instalación de ferias y mercados temáticos estarán exentos de pago durante los dos primeros años de modo que se facilite su consolidación.
Además, la tasa por utilización del los campos de fútbol 8 baja de 82.10 a 45 euros y en el fútbol 11 de 116,40 a 70 euros. Algo similar ocurre con las tasas del pádel y del tenis.
Por último, los niños no volverán a pagar por asistir a la campaña “Anem al Teatre” con el objetivo de que ningún niño escolarizado en Xirivella se pierda la oportunidad de poder asistir.
Por otro lado, y como consecuencia de la actualización de los valores de los terrenos, se sube el impuesto de incremento de valor de los terrenos un 1,85%. También sube muy ligeramente la cuota tributaria del IAE que afecta a todos aquellos negocios cuyo volumen de facturación es superior a 1.000.000 de euros. En tal caso sube un 0,15%. El resto de impuestos no sufren ningún tipo de variación.
Por su parte, según el concejal de Hacienda, Rubén Langa, “era importante que servicios como la Ayuda a Domicilio fueran más accesibles para los ciudadanos. Nuestro objetivo en este sentido es la gratuidad, ya que la consideramos como un derecho pero los números del Ayuntamiento no lo permiten en este momento. Esta política de dirigirnos a colectivos con dificultades la veremos reflejada también en el presupuesto donde intentaremos abarcar otra serie de aspectos que no han sido posibles en este momento”.
El siguiente paso es la publicación de las ordenanzas fiscales en el Boletín Oficial de la Provincia. Una vez publicadas, se abrirá un periodo de exposición pública para que la ciudadanía presente alegaciones durante 30 días.