OMIC de L’Horta canalizan las denuncias por la presunta estafa de las clínicas de iDental de Alfafar y València
Diversas oficinas municipales de información al consumidor de la comarca de L’Horta están coordinándose para canalizar las reclamaciones y denuncias de los numerosos afectados por la presunta estafa de iDental que eran clientes de las clínicas cerradas de Alfafar y València.
De hecho, ofrecen ya un modelo de reclamación en el que se pide a la respectiva Oficina Municipal de Información al Consumidor que «medie con la entidad financiera en relación con los efectos de la resolución del contrato suscrito con la empresa de las clínicas, instándoles a dejar sin efecto el crédito contraído y a devolver las cantidades que procedan en función del grado de cumplimiento del contrato, ya que, en su defecto, quedará en suspenso el pago de las cuotas de dicho crédito».
Hay que señalar que la mayoría de afectados contrajo un crédito específico con diversas entidades financieras, como Evo, Cetelem y otras, para pagar por anticipado el importe total del tratamiento bucodental, como exigía la empresa para poder acceder a una supuesta subvención que nunca se produjo. Al cerrar las clínicas, los tratamientos se quedaron sin terminar, de ahí la reclamación para la anulación del crédito y la devolución de las cantidades que correspondan en cada caso.
Para acreditar el punto en el que ha quedado el tratamiento de cada uno de los afectados y, por tanto, del cumplimiento del contrato, desde las oficinas del consumidor se está recabando la colaboración de profesionales especialistas, con el fin de aportar un informe pericial. Tal es el caso, en concreto, de la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Albal, en la que se están tramitando las denuncias de alrededor de 60 afectados de la población y en la que se está preparando incluso una reunión informativa y de asesoramiento para los afectados.
Alguna entidad financiera ha ofrecido un «aplazamiento temporal» de las cuotas de los créditos de los afectados que tiene como clientes y «una alternativa» para la prestación del tratamiento que les falte en otra clínica. Sin embargo, desde las oficinas del consumidor no se recomienda aceptar esta oferta, ya que cuentan con una buena disposición por parte de profesionales odontólogos de la zona para colaborar en la resolución de estos casos, sin que ello les suponga un perjuicio económico a los afectados y, además, la financiera está obligada por ley a anular el crédito y devolver el dinero que corresponda por incumplimiento de contrato.
En el modelo de reclamación que facilitan las OMIC se solicita también que se impongan las sanciones administrativas pertinentes a los responsables de lo sucedido y, sobre todo, que se trasladen las denuncias a las autoridades judiciales, para que se investiguen los hechos y se depuren las posibles responsabilidades penales.