El Ayuntamiento de Rocafort asume la gestión de una urbanización tras caducar el PAI
El pleno del Ayuntamiento de Rocafort, en una sesión extraordinaria celebrada en la tarde de hoy, ha aprobado la caducidad del PAI (Programa de Actuación Integrada) del Bovalar y resolver la condición de agente urbanizador de la empresa adjudicataria. Con los votos a favor del equipo de Gobierno (PSPV, Guanyem, IxR y Compromís), Ciudadanos, y las abstenciones del grupo Popular y el grupo no adscrito, el Consistorio asume de esta manera la gestión directa del PAI con la intención de desbloquear la situación, enquistada desde hace años, después de que las múltiples gestiones municipales con la empresa constructora hayan resultado infructuosas.
El pasado 28 de febrero, el Consell Jurídic Consultiu de la Generalitat emitió un dictamen que consideraba procedente que el pleno declarara la caducidad del PAI por el incumplimiento del contrato por parte de la mercantil, que tampoco atendió a los requerimientos del Ayuntamiento y dejó de ejecutar parte de las prestaciones que debía llevar a cabo en unos terrenos que afectan a más de medio centenar de propietarios.
El documento establecía que la empresa debía realizar varias actuaciones para que el área tuviera uso urbanístico, como construir una rotonda en la CV-310, encauzar y conectar la cuenca de drenaje con el Barranc dels Frares, además de habilitar la conexión y puesta en funcionamiento de la red de alcantarillado a través de EPSAR (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), entre otras.
Después de que durante el último año y medio la concejalía de Urbanismo haya realizado gestiones con la empresa para intentar solucionar la situación, el pleno municipal de septiembre aprobó el inicio del procedimiento para resolver la condición del agente urbanizador, que ha culminado hoy. “El PAI es producto de una época de abusos y de burbuja urbanística. Ha sido un proyecto ejecutado de manera irresponsable. Los últimos meses, el Ayuntamiento ha tomado una posición firme y constante en defensa de los intereses del pueblo y de los propietarios, que no pueden hacer uso de sus solares como parcelas urbanas”, ha afirmado el concejal de Urbanismo, Eduard Comeig.
Ahora, el Ayuntamiento opta por la gestión directa del PAI, afectando los bienes y los recursos del programa cancelado con la incautación de una garantía de 54.243,30 euros, correspondiente al 10% de los avales depositados por la empresa. El Consistorio deberá revisar la situación actual de los terrenos, las obligaciones del agente urbanizador y de los propietarios, para tratar de dar salida a una situación que lleva cerca de diez años paralizada. “La gestión directa nos permitirá conocer la situación real del plan urbanístico. Es un paso necesario para la solución definitiva del caso”, ha apostillado Comeig.