¿Por qué se han subido las pensiones sólo el 0,25 %?

Confederación Nacional del Trabajo (CNT). Federación Local de València/

La subida del 0,25 % de la pensión es fruto de la reforma que el Gobierno hizo en el modo de calcular las subidas anuales de las mismas. Anteriormente, este aumento dependía del alza de precios prevista para el año siguiente. Luego, una vez conocida la inflación real que se había producido, se ajustaba una paga en el mes de noviembre, para que no hubiera pérdida de poder adquisitivo en las pensiones.

Con la última reforma, se estableció una complicada fórmula, que fija un máximo y un mínimo anuales. Como mínimo, las pensiones se revalorizan nominalmente un 0,25 %, independientemente de la inflación, y cómo máximo, un 0,5 % por encima de lo que haya subido el IPC.

¿De qué factores depende la subida?

• De los ingresos que tenga el sistema de la Seguridad Social: fundamentalmente, las cotizaciones de trabajadores, trabajadoras y empresas. A más ingresos, mayor subida de las pensiones. Con menos ingresos, la subida de las pensiones es menor.
• Del número de pensiones que se paguen: a mayor número de pensionistas, menor subida de las pensiones.
• De la cuantía de las nuevas pensiones: si las pensiones nuevas, que se empiezan a pagar a las personas que se jubilan, son más altas que las que se dejan de pagar por fallecimientos, la revalorización será menor.
• Del déficit de la Seguridad Social: si la Seguridad Social tiene más gastos que ingresos, la subida anual sea menor.
• Del factor de sostenibilidad: esto quiere decir que, si la esperanza de vida de la población aumenta, la pensión inicial con la que se comienzan a hacer los cálculos se verá reducida.

Las claves del asunto

Todo parte de suponer que las pensiones tienen que depender del equilibrio de una supuesta caja, que tendría la Seguridad Social, separada de la caja común de las cuentas del Estado. En otras partidas de gastos estatales no se aplica el mismo criterio. No se calculan los ingresos con los que cuentan, los gastos que originan ni se toman decisiones en función del saldo de esa cuenta.

Si la caja de la Seguridad Social tiene déficit, no es obligatorio actuar sobre los gastos, que es donde han incidido las sucesivas reformas que hemos sufrido, desde la década de los 80 del siglo pasado. Se podría actuar también sobre los ingresos de esa caja. Si el Estado dispone de recursos para grandes operaciones de rescate, como la de la banca o las autopistas, para eliminar los impuestos de patrimonio o sucesiones, para pagar subvenciones agrícolas a terratenientes, para abonar los intereses de la deuda pública, que ha aumentado en los años de la crisis financiera, o para permitir las tributación nula en paraísos fiscales, tolerados por los Estados, ¿por qué no habría de tener recursos para sanear definitiva y permanentemente las cuentas de la Seguridad Social?

Las pensiones se dotan, o no, de recursos dependiendo de la voluntad política de quienes toman las decisiones. El criterio de mantener un sistema público de pensiones saneado no depende de cálculos técnicos y aritméticos sino de la voluntad política, del orden de prioridad que se le quiera dar a ese derecho.

Exactamente lo mismo ocurre con el resto de derechos sociales: la sanidad pública universal, la educación pública de calidad o la asistencia en las situaciones de dependencia, por poner solo tres ejemplos. Si esos derechos se anteponen a otros gastos, habrá recursos. Si, por el contrario, se dejan para el final en el orden de prioridad de los gastos del Estado, habrá recortes y disminución de esos servicios públicos.

Y a cada recorte de un servicio universal le corresponde el florecimiento de un negocio privado. Frente al recorte de la pensión, está el refuerzo de los Fondos de Pensiones de las entidades financieras. Frente al recorte en la sanidad, está el alza en el negocio de la medicina privada. Frente al recorte en la ley de dependencia, está la privatización de los servicios de atención a las personas dependientes, con la correspondiente pérdida de calidad del servicio y la exclusión del mismo de miles y miles de personas.

Teniendo en cuenta las altas tasas de paro existentes y la precariedad en el empleo, los salarios y las cotizaciones sociales disminuyen necesariamente. A eso se le añade la tardía incorporación al mundo laboral de millones de personas. La conclusión es sencilla: el actual sistema de la Seguridad Social va a excluir en el futuro a muchísimas personas del cobro de una pensión digna.

Por tanto, lo que se persigue es pagar menos, crear miedo a la clase social que puede permitirse alguna tasa de ahorro, para que se haga un plan de pensiones, e ir convirtiendo paulatinamente el sistema público, colectivo, y solidario de la Seguridad Social en un sistema residual, mientras se instaura progresivamente otro privado, individual e insolidario.

De este modo, una importante parte del ahorro colectivo, que podría estar administrado a través de la Seguridad Social con criterios cada vez más redistributivos y solidarios, va a quedar en manos de las entidades financieras, a través de la administración de los planes privados de pensiones.

Todo depende de quién influye en la elaboración de las leyes y en la creación de opinión. Si lo siguen haciendo las entidades financieras, las pensiones se empobrecerán cada vez más. Si influyen las empresas de medicina privada, la sanidad pública seguirá deteriorándose. Y así con todos los derechos sociales.

O la sociedad, desde abajo, pone las cartas boca arriba a todos los poderosos, que viven en otro mundo, o estos seguirán haciendo de su capa un sayo.