El secretario de la Agencia Valenciana de la Igualdad alerta de un aumento de los delitos de odio contra las personas ‘sin techo’

El secretario autonómico de Inclusión y la Agencia Valenciana de la Igualdad, Alberto Ibáñez, coincidiendo con la conmemoración el 23 de noviembre del Día Europeo de los ‘Sin Techo’, ha manifestado que es fundamental «garantizar los derechos básicos y las condiciones para la vida digna de las personas, sobre todo de las que sufren mayor exclusión».

Alberto Ibáñez ha precisado que el Informe Foessa del último año constata que un 7% de la población vive en condiciones de hacinamiento grave y ha advertido de que «nos encontramos en un estado de emergencia social y residencial». Además ha alertado de un incremento de los delitos de odio contra estas personas, según han indicado diferentes organizaciones defensoras de los derechos de las personas sin hogar que viven en España.

Por ello, ha defendido que lo importante es «poner en marcha una estrategia con enfoque integral y a largo plazo contra el empobrecimiento y la pobreza hereditaria, basada en la unidad de acción, en la prevención y actuación temprana y en la orientación de soluciones hacia la disposición de una vivienda.»

En este sentido, ha afirmado que desde la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas se está trabajando para «hacer visible lo invisible», para cambiar el foco hacia esas personas «que quedan excluidas de la cotidianidad de nuestras vidas» y a los que en muchos casos «se culpabiliza» de la situación en la que están y se las juzga.

Ibáñez ha hecho hincapié en que el Consell financia 300 plazas a través de la línea de acción comunitaria que va dirigida a personas en situación de exclusión social, a las que se suman otras 384 plazas de acogida para personas inmigrantes en la Comunitat Valenciana, con un presupuesto total de más de 2,7 millones de euros.

También ha destacado el proyecto ya en marcha de la Dirección General de Inclusión Social, en colaboración con el Ayuntamiento de València, de medidas conjuntas para acabar con la situación de personas sin hogar crónicas, poniendo a su disposición tanto viviendas como personal técnico, dentro del programa de ‘Housing First’ que lleva a cabo la Fundación RAIS.

Al respecto, Ibáñez ha precisado que ya se han realizado las gestiones necesarias para que se adscribieran a la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, y en concreto a la Dirección General de Inclusión Social, varias viviendas sin uso que estaban adscritas a la Dirección General de Patrimonio. Posteriormente, ha continuado, se han realizado las obras de adecuación de dichas viviendas y según ha anunciado el secretario autonómico de Inclusión, «en breve se pondrán a disposición de RAIS para iniciar el programa de Hosing Firts».

Dentro de las medidas que afectan a este colectivo, puestas en marcha por la Conselleria de Inclusión ha destacado la elaboración del Plan Valenciano de Inclusión y Cohesión Social, que cuenta con 547 medidas de diferentes ámbitos, como servicios sociales, educación, sanidad, vivienda y empleo, para luchar contra la pobreza y la exclusión social y especialmente para prevenirla.

Además, ha expuesto que se subvencionan entidades sin ánimo de lucro para el desarrollo de programas dirigidos a personas o unidades familiares en situación de vulnerabilidad por un importe en el 2017 de 2.500.000 euros. Las personas sin techo se encuentran dentro del colectivo de personas con especial vulnerabilidad a la que se dirigen estas políticas.

Paralelamente, dentro de la orden de ayudas destinadas a la realización de proyectos dirigidos a la integración social de personas inmigrantes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, hay un programa dirigido a la acogida integral para la atención de las necesidades básicas y de apoyo a la integración de personas inmigrantes que se hallen en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

La Conselleria cuenta igualmente, con una línea presupuestaria denominada itinerarios integrados de inserción sociolaboral cuyos beneficiarios son las entidades sin ánimo de lucro y corporaciones locales, dirigida al desarrollo de itinerarios integrados para la inserción sociolaboral de personas en situación o riesgo de exclusión social.