Torrent, Alboraya y Mislata impulsarán la política de vivienda social a través de sus entidades públicas
La presencia de EIGE -entidad pública de la Conselleria de Vivienda encargada de la gestión del parque de viviendas sociales de la Generalitat y viviendas propias de protección oficial- en esta asociación, permitirá impulsar las acciones que desde el gobierno valenciano se están realizando en materia de política de vivienda social y que viene marcada por la reciente aprobación de la Ley por la Función Social de la Vivienda impulsada por la conselleria que dirige María José Salvador.
Además, la asociación es un instrumento útil que permite poner en común y compartir las experiencias de gestión pública de vivienda y suelo entre las comunidades autónomas. La asociación (AVS) se fundó en 1988 y está formada por la mayor parte de gestores públicos de la vivienda y suelo de España, dependientes de las administraciones autonómicas y locales.
Con la incorporación de la Sección de la Comunidad Valenciana, que no existía hasta el momento, la asociación tiene ya seis secciones autonómicas que corresponden a las comunidades de Andalucía, Cataluña, Madrid, el País Vasco, Canarias y ahora también la Comunitat Valenciana.
Entre los objetivos de la asociación está el urbanismo sostenible, con la recuperación de barrios y zonas estratégicas de actuación o la edificación sostenible y la intervención de las entidades públicas de gestión como un elemento de integración ciudadana y calidad de vida.
En el ámbito de la viviendas sociales y de protección pública se pretende impulsar nuevas ideas de gestión en los ámbitos autonómicos, estatal e internacional. Así, una de las funciones más importantes, es la promoción y realización de estudios para el mejor conocimiento y solución de las circunstancias y la situación de la política de vivienda y suelo.
La directora general de EIGE ha señalado tras su elección que su trabajo se centrará en el estudio y desarrollo de proyectos que sirvan para «mejorar las políticas de vivienda y suelo, con el objetivo final de que las personas, los ciudadanos, valoren positivamente la calidad de la gestión pública y que sirva de palanca para solucionar los problemas de vivienda y desarrollo de pueblos y ciudades».