El Tribunal de Cuentas sanciona al ex recaudador de Xirivella con 516.000 euros al dejar prescribir impuestos por valor de más de 1,3 millones
El Departamento Segundo del Tribunal de Cuentas ha dictado sentencia por la prescripción de 1.327.779,99 euros en impuestos durante la etapa de gobierno socialista de Xirivella, ocasionando «el menoscabo a los caudales públicos municipales», del que fue principal responsable el ex recaudador, por lo que ha condenado a éste a pagar una sanción de 516.742,71 euros.
Para el PP de Xirivella, que interpuso en su día la denuncia, «la sentencia pone en evidencia la falta de diligencia y de cumplimiento de sus obligaciones del entonces equipo de gobierno, del que formaba parte el hasta hace poco el edil de Xirivella, Michel Montaner, y que ahora es socio de gobierno del actual alcalde, Ricard Barberá, de Compromís», explican desde el PP.
Según la resolución del Tribunal de Cuentas, «la recaudación en el Ayuntamiento de Xirivella en el momento que se enjuician los hechos era desempeñada conjuntamente por el agente colaborador y la corporación local». Tal como se desprende de la sentencia, «al Ayuntamiento le competía además ejercer las funciones superiores de dirección, organización, administración y autoridad, siendo el jefe inmediato de este agente colaborador».
El PP señala que el tribunal, «hasta tal extremo hace responsable al antiguo gobierno del menoscabo a los fondos públicos, que disculpa parte de la demanda al ex recaudador, pues resuelve una sanción para el acusado de 516.742,71 euros y la demanda se interpone por un valor de más de 1,3 millones de euros». Pero, añade el PP, «no actúa contra ese equipo de gobierno porque no existe demanda alguna contra ellos, aunque insiste en reiteradas ocasiones en que, en la producción del daño, la acción u omisión del Ayuntamiento fue de tal intensidad que, sin ella, el menoscabo no se hubiera producido».
La demanda fue interpuesta por el ex alcalde popular, Enrique Ortí, en representación del Consistorio, a la que se adhirió el Ministerio Fiscal, y surge de la firma de un decreto de Alcaldía por parte del anterior gobierno socialista, en junio de 2011, por el que se declaraba «la prescripción de las deudas tributarias pendientes de cobro desde el año 1991 hasta 2006», que ascendían a 1.327.779,99 euros. La firma del mencionado decreto se produjo dos días antes de que tomara el relevo como alcalde el popular Enrique Ortí, cuando el partido socialista ya había perdido las elecciones.
El Ayuntamiento perdió sus derechos de cobro al no notificar a los deudores su obligación en un período superior a 4 años. Ante estos hechos, el equipo de gobierno del Partido Popular los puso en conocimiento de la Sindicatura de Comptes, para que algún organismo competente dictaminara si la actuación se ajustaba a derecho o se había incurrido en algún tipo de negligencia grave en la gestión de los caudales públicos de Xirivella.
La Sindicatura de Comptes, una vez analizadas las actuaciones y constatado el menoscabo económico para el Ayuntamiento, puso en conocimiento del Tribunal de Cuentas la situación y, cuatro años después, se dicta esta sentencia condenatoria.