Un nuevo decreto del Consell amplía la red de valoraciones para el reconocimiento de la dependencia
El nuevo decreto del Consell por el que se establece el procedimiento para reconocer el grado de dependencia a las personas y el acceso al sistema público de servicios y prestaciones económicas permitirá ampliar la red pública de valoraciones y favorecer la promoción de la autonomía personal, con medidas como la que permite la compatibilidad entre servicios.
Así lo ha anunciado la vicepresidenta y consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, durante la rueda de prensa que ha ofrecido para presentar el nuevo decreto del Consell que regula el reconocimiento de la dependencia y el acceso al sistema público, que permite «unificar» la normativa autonómica que existía sobre esta materia y que era «dispersa e infralegal».
La vicepresidenta, quien ha calificado el texto de «pionero en España», ha informado de que el decreto regula la red pública de valoraciones que, además de los servicios generales municipales, incluye otros puntos, como las residencias públicas; los hospitales de media y larga estancia; las unidades de salud mental y las prisiones.
Esta labor la podrá hacer personal con titulación social o sanitaria, que cuenten con la acreditación para realizar esta labor, ha indicado y ha incidido en que este cambio en la red de valoraciones ha permitido pasar de 17 a más de 400 profesionales, sólo en el ámbito de los servicios municipales, a los que la conselleria destinará este año en su presupuesto una partida de 52,1 millones de euros, un 62,17 por ciento más que en 2016.
Oltra también ha resaltado que otra de las novedades que incluye el decreto es la regulación del régimen de incompatibilidades entre servicios, de manera que las personas dependientes podrán pedir un máximo de dos. De esta manera, ha explicado se avanza en la «promoción de la autonomía personal, que ha estado parado durante años».
En este sentido, ha explicado que, con esta compatibilidad de servicios, por ejemplo los niños que tengan asignada una prestación de cuidador o cuidadora en el ámbito familiar, también podrán solicitar tener acceso a prestaciones para cubrir las terapias de estimulación o desarrollo cognitivo.
Respecto a los plazos, el decreto incluye procedimientos independientes para las resoluciones de grado y del Programa Individual de Atención (PIA), que hasta ahora se dictaminaban en una misma resolución, lo que provocaba retrasos en los plazos para resolver expedientes, ya que hasta que no estuviera aprobada y notificada la propuesta del PIA no se podía continuar con el proceso.
El decreto contempla también que, en los casos en los que las preferencias expuestas por la persona interesada coincidan con el informe social de entorno, se emitirá automáticamente la resolución aprobando el PIA, lo que agilizará considerablemente los procedimientos, que podrán reducirse en un periodo de entre 1 y 2 meses, según ha precisado la vicepresidenta, quien ha destacado que esta situación se da en más del 90 por ciento de los casos.
Asimismo, el decreto regula por primera vez el procedimiento de revisión del grado de dependencia y los traslados entre comunidades autónomas, que hasta ahora no se habían contemplado en ninguna normativa.
Mejora de servicios
Como novedades en la oferta de servicios y prestaciones, se contempla la prestación vinculada de garantía, que se ofrecerá en los casos en los que no se disponga de plaza pública adecuada al grado de dependencia del solicitante o la solicitante en un radio de 20 kilómetros de su domicilio.
En sustitución de la plaza pública, se ofrecerá la posibilidad de percibir una prestación económica vinculada al servicio residencial. Está previsto que para el próximo año esta prestación beneficie a alrededor de 2.000 personas que en estos momentos se encuentran a la espera de una plaza residencial.
Además, se incluye la atención residencial como servicio para las personas con diversidad funcional con grado I reconocido, que hasta ahora estaba excluido del catálogo de servicios para la dependencia moderada.
La prestación económica de asistencia personal incluye una modificación en el nuevo decreto, puesto que se amplía su solicitud también para aquellas personas que no estudien o trabajen, requisito que hasta ahora era necesario, y que es una manera de trabajar también en ese fomento de la autonomía personal, ha explicado la consellera.
Cuidados en el entorno familiar
Respecto a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, el decreto recoge algunas modificaciones. La persona cuidadora de proximidad podrá ser familiar hasta cuarto grado del solicitante o persona cercana. En este último caso deberá constar el informe social que lo acredite.
Desaparece la incompatibilidad de trabajar para poder ser cuidador o cuidadora, siempre y cuando no se atienda a más de dos personas en situación de dependencia.
Asimismo, se regula la figura de persona cuidadora no familiar, que tendrá deberá tener un contrato laboral.
Nuevos beneficiarios
Desde julio de 2015, un total de 19.447 nuevos beneficiarios se han incorporado al sistema de dependencia, de los que 6.525 corresponden al ejercicio de 2015 y 12.922 al de 2016. Actualmente, 52.566 personas están siendo atendidas a través de un servicio o prestación económica.
Cabe destacar que la nómina de dependencia abonada por la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas correspondiente al mes de noviembre asciende a 26.301.659 euros, frente a la última nómina abonada por el anterior Ejecutivo en mayo de 2015 y correspondiente al mes de marzo, que ascendía a 10.414.733, lo que supone un incremento de más del 150%. Desde enero de este año, la nómina de dependencia se cobra en los cinco primeros días hábiles del mes.