Una veintena de entidades, a favor de los servicios públicos de Xirivella

Una veintena de entidades, asociaciones de vecinos, sindicatos y partidos políticos han firmado este manifiesto que se adjunta:

Desde que se instauró la democracia, el modelo territorial y competencial del
Estado se ha dirigido hacia la descentralización y asunción de competencias por
escalas administrativas.
Este proceso se enmarca en una reacción al Estado hipercentralizado franquista,
y a la política de descentralización presente en el contexto de la Unión Europea
(UE).
Todas las personas y entidades que nos encontramos reunidas hoy reconocemos
el cambio que supuso la democratización de la vida municipal para Xirivella, así
como para el restos de ciudades del Estado Español. Nada queda de aquellos
Ayuntamiento de la dictadura, grises, cerrados a la participación, más
preocupados por los dictados de sus jefes políticos que por la ciudadanía. Poco o
nada queda de aquella Xirivella, con calles sin asfaltar, con barrios de marginales,
con graves deficiencias en el abastecimiento de agua potable y en el
alcantarillado, sin servicios sociales, sin hogares para los jubilados, sin centros
para la juventud, sin casa para las mujeres. Es cierto, que con mayor
determinación, se podría haber llegado más lejos.
Estos 35 años de desarrollo democrático ha configurado al Ayuntamiento de
Xirivella, y al restos de entidades locales, como auténticos prestadores de
servicios públicos a la ciudadanía, garantizando la cohesión social i la igualdad.
Todo estos avances son los que estamos en trance de perder con la aplicación de
la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y Sostenibilidad de la
Administración local promovida por el Gobierno del Partido Popular (PP). Una Ley
claramente ideológica, con la cual, el Gobierno consigue, con la excusa de la
CRISIS (no lo olvidemos, nosotros le llamamos ESTAFA) la realización de sus
políticas neoliberales que nos abocan a un cambio de sistema. Se apuesta por el
adelgazamiento de la administración pública y la recentralización de
competencias, en beneficio del mercado y de la privatización de los servicios
públicos. Un modelo que busca el beneficio privado antes que la rentabilidad
social, un modelo que viene demostrando su ineficiencia en la avalancha de casos
de corrupción que venimos soportando la ciudadanía en los últimos años. Un
modelo claramente ideológico.
No olvidamos el brutal recorte, que esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad
de la Administración local, supone para la democracia, para la participación de la
ciudadanía en la gestión de sus intereses a través de la administración más
cercana, su Ayuntamiento. Esta Ley supone un ataque a la autonomía local,
alejándose de los compromisos que el Estado Español adoptó al firmar la Carta
Europea de Autonomía local para acercar el ejercicio de las competencias a las
autoridades más cercanas a la ciudadanía. Ciudadanía que se verá privada con la
aplicación de esta reforma ideológica de servicios como: programas para avanzar
en la igualdad, campañas de prevención y asistencia a mujeres víctimas de la
violencia de género, la ayuda a domicilio y soporte a la familia, servicios de
prevención e inserción social, la desaparición de las oficinas de información al
consumidor o los servicios de orientación laboral y formación para el empleo, así
como la promoción económica, cultural, los programas de infancia, de juventud,
de la mujer, escuelas de adultos y programas de ámbitos educativos, la
privatización de la seguridad en los espacios públicos y la ordenación del tráfico.
En definitiva una ley que daña el principio de eficacia, que es con el pretexto que
nace, pues la Administración es más eficaz, cuanto más cercana es a la
ciudadanía, conociendo de sus problemas, y aportando soluciones de una manera
ágil y rápida.
Frente a esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local
que supone la ruina de los servicios públicos municipales, el empobrecimiento de
la democracia, el empeoramiento de las condiciones de vida de la ciudadanía y,
por lo tanto, un aumento de las tensiones sociales y el deterioro de la convivencia,
las organizaciones ciudadanas y políticas presentes en este acto,
DECLARAMOS:
1. Nuestro rechazo con el acuerdo adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de
Xirivella en el que se desestimó plantear un conflicto de competencia con el
objetivo der paralizar la Ley de Racionalización y sostenibilidad de la
Administración Local.
2. Nuestra voluntad de agotar todos los medios legales a nuestra disposición para
revertir esta Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local,
abriendo espacios de diálogo multilateral.
3. La exigencia de una financiación de la Administración local más justa y
suficiente que permita la consolidación y mejora de los servicios públicos, así
como la profundización del modelo democrático local, basado en la proximidad y
en la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones.
4. El compromiso de todas las organizaciones firmantes de esta declaración en
devolver a la ciudadanía de Xirivella su protagonismo en los asuntos de la ciudad
y a que se les tenga en cuenta en el diseño de las soluciones a los problemas que
les afectan.
5. Nuestro ánimo y apoyo a la movilización del conjunto de la sociedad en defensa
del Estado del Bienestar y de la pervivencia de los pueblos y ciudades con
servicios públicos dignos, que garanticen la igualdad de oportunidades y la
protección de la ciudadanía frente a la difícil situación por la que atravesamos
fruto de la codicia de unos pocos.
6. Nuestra más que decidida voluntad por el mantenimiento de todos y cada uno
de los servicios públicos que hoy presta el Ayuntamiento de Xirivella, nuestro
rechazo más absoluto a las privatizaciones de servicios públicos y nuestro apoyo
al mantenimiento y promoción del empleo público.

Firmantes: