Vigilancia privada 24 horas para evitar la entrada de ‘okupas’ en un bloque de viviendas de Massanassa
TOMÁS LAGUARDA /
Es uno de los símbolos más identificativos del ‘boom’ del ladrillo, el estallido de la burbuja inmobiliaria y la crisis económica en la comarca de L’Horta. Construido en 2009 en Massanassa, constituye un enorme bloque de 209 viviendas que recae a tres calles y cuenta con cuatro patios de entrada. Durante mucho tiempo lució en sus numerosos balcones los carteles de venta, pero con poco éxito, dada la recesión de la economía, y acabó, como muchos otros, siendo embargado, pasando a manos de un banco y convirtiéndose en lugar propicio para ‘okupas’, con los cuales terminaron conviviendo los pocos residentes que habían comprado sus viviendas mediante un crédito hipotecario. Ahora tiene vigilancia privada 24 horas.
El banco al que fue a parar finalmente la propiedad del edificio es accionista de la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), constituida en noviembre de 2012 por varias entidades financieras con el fin de solucionar el problema ocasionado por el ladrillo acumulado en sus activos, una consecuencia más del crac inmobiliario y la fallida de los préstamos concedidos a promotores y constructores. Tal sociedad fue una condición impuesta al Gobierno para recibir la ayuda europea destinada al rescate bancario, por lo cual forma parte de ella también el llamado Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). Por todo ello, el bloque de pisos de Massanassa empezó a ser gestionado por la inmobiliaria del banco del que acabó siendo propiedad, con el objetivo de ‘liquidarlo’ cuanto antes.
El proceso de ‘reinversión’ de edificios de viviendas como el bloque de Massanassa, según la Sareb, tiene un plazo de 15 años desde que se constituyó, en 2012, dicha sociedad. Sin embargo, en este caso, la inmobiliaria del banco propietario está tratando de reducirlo al máximo, facilitando la venta e incluso el alquiler de los pisos. No obstante, el fenómeno de los ‘okupas’, con todas las variantes que conlleva, ya que no siempre se debe a necesidades imperiosas de un techo de familias en situación precaria, ha sido durante un tiempo un obstáculo para ello, hasta que, desde hace poco, el edificio quedó libre de estos casos y las viviendas que están ocupadas lo son legalmente por compradores o inquilinos. Además, ya están casi todas habitadas. De hecho, la inmobiliaria sólo tiene en la actualidad una decena de pisos en su oferta, aunque todos en venta, no en alquiler.
En el bloque hay pisos de varias superficies, desde el tipo apartamento, con una habitación y un baño, hasta amplias viviendas de tres dormitorios con dos baños. Y los precios de las viviendas que quedan libres, según lo que publicita actualmente y en principio la inmobiliaria del banco, van desde los 71.000 hasta los 118.000 euros.
No entra ni el cartero
Pese a todo ello, la inmobiliaria del banco ha tenido que contratar, desde hace aproximadamente un año, los servicios de una empresa de seguridad privada, para evitar que se introduzcan más ‘okupas’. Intentos no han faltado, y algunos son muy recientes, incluso han tratado de forzar la puerta de alguno de los patios. Así, los vigilantes impiden la entrada a todo quien no sea residente conocido y probado de la finca. En realidad, no entra ni el cartero. Asimismo, realizan continuas rondas de vigilancia por todas las dependencias comunes del edificio. En caso de encontrarse con algún ‘okupa’, los vigilantes avisan de inmediato a la Guardia Civil.
Los residentes de la finca se encuentran con ello, dada la concurrencia de estas especiales circunstancias, con un servicio de seguridad del que no han de afrontar su coste, mientras que los vecinos de las casas y edificios contiguos, tras la primera extrañeza inicial, se han ido acostumbrando a la presencia de vigilantes en las puertas de los patios del bloque de viviendas. Una presencia que se mantendrá hasta que todos los pisos estén habitados y, por supuesto, de forma legal.