El gobierno de Mislata acusa al PP de utilizar a funcionarios públicos para desprestigiar al alcalde

El Ayuntamiento de Mislata, a través de la portavoz del gobierno municipal, Mª Luisa Martínez, ha calificado la denuncia al alcalde por parte de un agente de la Policía Local de «persecución política» y de “un nuevo intento de desprestigiar la imagen y la labor del alcalde de Mislata por parte del Partido Popular, utilizando a funcionarios públicos para tal fin”. La portavoz municipal ha añadido que «desconocemos si el agente milita en el PP, pero en cualquier caso no vamos a tolerar denuncias falsas». Por eso, añade Martínez, «pondremos este tema en manos del servicio jurídico municipal para que se exijan responsabilidades a quienes utilizan la justicia con el único fin de engañar y mentir a la ciudadanía”.

Mª Luisa Martínez recuerda que esta denuncia se hizo pública el 21 de mayo, tres días antes de las elecciones municipales, “con el único propósito de manchar la imagen del alcalde”. No obstante, recuerda la portavoz, la ciudadanía de Mislata ya se pronunció el 24 de mayo sobre esta estrategia política del PP de Mislata, dando al socialista Carlos Fernández Bielsa un triunfo histórico con el 60% de los votos y 14 concejales.

Sobre los hechos a los que se refiere la denuncia, la portavoz municipal reitera las mismas explicaciones que ya ofreció durante la pasada campaña electoral y que son las siguientes:
Los hechos a los que se refiere el denunciante tienen su origen en su DETENCIÓN como consecuencia de una denuncia interpuesta por un ciudadano de Torrent ante el Juzgado de Instrucción de Mislata por supuestas denuncias de tráfico falsas por parte de la Policía Local de Mislata.
El juzgado de Instrucción número 1 de Mislata, tras las investigaciones previas, ordenó la detención de 4 agentes de la Policía Local de Mislata, entre los que se encontraba el denunciante. Detención que fue practicada por el Cuerpo Nacional de Policía.
Los cuatro agentes detenidos fueron ingresados en el calabozo y puestos a disposición judicial.
El Juzgado de Instrucción emitió un comunicado anunciando la detención de los cuatro agentes de la Policía Local de Mislata por la supuesta comisión de un delito de falsedad documental y notificó las detenciones al Ayuntamiento.
Tras la detención y declaración de los agentes (Se acogen a su derecho de no declarar) la jueza emitió auto de LIBERTAD CONDICIONAL CON CARGOS POR FALSEDAD DOCUMENTAL. Además, la jueza dictó medidas cautelares y ordenó a los detenidos, agentes de la policía local, a personarse en la sede judicial, los días 5 y 20 de cada mes.
En base a la notificación del Juzgado y a la gravedad de los hechos, el secretario municipal emitió un informe jurídico, en base a situaciones idénticas en otros cuerpos policiales, donde se recomendaba la apertura de expediente administrativo y medida cautelar de suspensión de empleo y sueldo hasta la resolución judicial.
Cabe mencionar que según el código Penal, los presuntos delitos por los que fueron detenidos e imputados los cuatro agentes de la policía local de Mislata, llevan aparejadas penas de entre 3 y 6 años de prisión, así como la inhabilitación absoluta y especial para cualquier cargo o empleo público.
Los agentes de la Policía Local detenidos e imputados siguieron percibiendo el 80% de las retribuciones básicas, tal como establece el propio ordenamiento jurídico.
En diciembre de 2014, la jueza dictó auto de sobreseimiento provisional respecto del agente denunciante. Y ese mismo día, el alcalde ordenó mediante decreto la reincorporación inmediata del agente suspendido cautelarmente.
El caso de la compañera a la que alude el denunciante es distinto al de los cuatro agentes, ya que ella no fue detenida por la Policía Nacional sino simplemente llamada a declarar. Además, ni se le impusieron cargos ni figura su nombre en el auto notificado por el juzgado al Ayuntamiento.
Por todo lo expuesto, la supuesta denuncia interpuesta contra el Alcalde de Mislata no se fundamenta en una determinación “arbitraria” del alcalde-presidente, sino en el trámite ordinario de carácter jurídico tras la comunicación efectuada por el Juzgado de Mislata al Ayuntamiento, y el aval legal del informe jurídico del secretario del Ayuntamiento de Mislata y la funcionaria jefa responsable de personal.