ACICOM y otras 19 organizaciones exigen cambios en la Ley de Transparencia, la regulación del ‘lobby’ y la protección a los denunciantes
ACICOM (Associació Ciutadania i Comunicació) junto con 19 organizaciones de la Coalición Pro Acceso [1] , instan a los grupos parlamentarios a adoptar un firme compromiso para que la reforma de la Ley de Transparencia garantice el derecho de acceso a la información y la regulación de los ‘lobbies’ de acuerdo con los estándares internacionales.
Las organizaciones reconocen que el texto que se está debatiendo sobre la protección de denunciantes del Grupo Parlamentario Ciudadanos introduce importantes cambios en la Ley de Transparencia como la ampliación de la información que debe publicarse de forma proactiva; la eliminación de los rígidos requisitos de identificación a los solicitantes; el establecimiento de sanciones ante el incumplimiento del derecho de acceso; o la regulación de los ‘lobbies’.
Sin embargo, hay algunos aspectos de la Proposición de Ley que consideran preocupantes y han hecho llegar sus recomendaciones a los grupos parlamentarios.
«Pedimos que los cambios aborden los problemas en la práctica, como el acceso a información básica para saber cómo se toman las decisiones públicas -actas, informes, listados de reuniones o las agendas completas- porque la Ley permite que arbitrariamente se considere información auxiliar,» ha declarado Alba Gutiérrez Coordinadora de campañas de Access Info.
«Para que la reforma actual no se quede en papel mojado, es fundamental que se amplíe el concepto de qué y quién hace ‘lobby’, qué información deben proporcionar a la hora de registrarse y que se establezcan sanciones, en línea con los estándares internacionales para la regulación del ‘lobby’,» añade Gutiérrez.
Entre las propuestas de las organizaciones destacan:
- Regulación del acceso a la información como un derecho fundamental[2].
- Supresión por completo el artículo 18 relativo a las causas de inadmisión y de la disposición adicional primera sobre regulaciones especiales que van en contra de los estándares internacionales y adecuación a los estándares de los límites del artículo 14.
- Dotar de capacidad inspectora y sancionadora del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.
- Ampliación de la definición de ‘lobby’, la actual propuesta como actividad profesional deja fuera muchos tipos de lobistas y limita el alance de la Ley.
- Mayor detalle en la información requerida a los lobistas para el registro.
- Sanciones para cargos públicos por vulnerar las normas del ‘lobby’.
Inciden, además, en que, si no se abordan estos cambios, se corre el riesgo de que la reforma suponga una oportunidad perdida para avanzar en el acceso a la información y piden un compromiso para lograr una auténtica transparencia y lograr que todos los ciudadanos sean los propietarios reales de la información pública.
[1] Access Info Europe, Asociación de Acreditacion de la Transparencia (Acreditra), Amigos de La Tierra, Archiveros Españoles en la Función Pública, (AEFP), Asociación de Archiveros de Castilla y León, (ACAL), Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC), Asociación para la Comunicación e Información Medioambiental (ACIMA), Associació Ciutadania i Comunicació, (ACICOM), Collegi Oficial de Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana, (COBDCV), Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), Coordinadora de ONG para el Desarrollo España(CONGDE), Fundación Cibervoluntarios, Fundación Cultura de Paz, Fundación Global Nature, Hay Derecho, Open Knowledge España (OKFN-España), OpenKratio, Red de Abogados para la Defensa Ambiental (RADA), Reporteros Sin Fronteras- España, Transparencia Internacional España. Personas a título individual: Manuel Sánchez de Diego, Profesor de Derecho de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, Laura Tejedor Fuentes, Profesora periodismo de datos y transparencia en la Universidad Complutense de Madrid, y Simona Levi, X-Net.
[2] Tal y como hace la jurisprudencia internacional, Naciones Unidas, El TEDH y alrededor de setenta Constituciones de diversos países en el mundo. Recientemente más de 50 académicos españoles han reclamado el reconocimiento del derecho de acceso a la información como un derecho fundamental. https://www.access-info.org/es/frontpage-es/27052