La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha archivado las actuaciones abiertas a raíz de las denuncias presentadas sobre el contrato de asistencia técnica en materia de prensa y comunicación del Ayuntamiento de Torrent.
Según la información difundida por el Partido Popular de Torrent, la Agencia concluye que no se han acreditado indicios objetivos suficientes de fraude, corrupción, conflicto de intereses o una manipulación determinante de la adjudicación.
El expediente había generado durante la legislatura una controversia política entre el Gobierno municipal y el PSOE. Los socialistas llevaron el asunto en varias ocasiones ante Antifraude y el contrato terminó formando parte también de una comisión de investigación municipal cuyas conclusiones fueron remitidas al organismo autonómico.
El PP carga contra el PSOE tras el archivo
La portavoz del PP de Torrent, Sonia Roca, ha valorado la resolución y ha reprochado al PSOE las acusaciones realizadas durante los últimos meses contra el Gobierno municipal y las personas que participaron en el procedimiento de contratación.
“El PSOE ha vuelto a utilizar el fango como herramienta política: primero acusa, después genera titulares, pone a personas bajo sospecha y finalmente, cuando llega la resolución de un organismo independiente, resulta que no hay fraude ni manipulación de la adjudicación”, ha afirmado Roca.
La portavoz popular ha reclamado además a los socialistas que asuman las consecuencias de las acusaciones realizadas durante la polémica.
“Andrés Campos, Jesús Ros, Edu Gómez, Pascual Martínez y María Jesús Herrada deberían empezar a preguntarse quién de todos ellos va a reparar ahora la honorabilidad de las personas a las que han puesto bajo sospecha”, ha señalado.
Una comisión de investigación llevó el asunto a Antifraude
El contrato de comunicación fue analizado también en una comisión de investigación municipal. Según el PP, esta comisión había sido planteada inicialmente para estudiar contratos relacionados con la DANA y posteriormente incorporó también el expediente del gabinete de comunicación.
Las conclusiones aprobadas por el Pleno fueron remitidas a Antifraude para que analizara las cuestiones planteadas sobre el procedimiento.
El PP sostiene ahora que el archivo cierra una de las principales controversias políticas de la legislatura y reivindica también la actuación de los técnicos y funcionarios municipales que intervinieron en la contratación.
Roca ha relacionado además este archivo con el conocido esta misma semana respecto a las cámaras de videovigilancia de la Policía Local. En este segundo caso, la Agencia Española de Protección de Datos cerró el expediente sin iniciar procedimiento sancionador ni declarar una infracción.