La Audiencia de Valencia ha condenado a 17 años y 9 meses de prisión a Joaquín Martins ‘el Mauri’, hermano de Antonio Anglés, autor de los asesinatos de las niñas de Alcàsser (Valencia), como responsable, con otras cinco personas, de secuestrar y torturar a un hombre en 2021.
También impone a los seis procesados indemnizar a la víctima con 10.000 euros por las lesiones sufridas y daño moral causado, con 393 euros por los objetos y el dinero sustraídos y con 240 euros por los objetos destruidos, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Los detenidos fueron apresados en 2023 en los municipios valencianos de Paterna, Alfafar y Albal por delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas, robo con violencia, daños, pertenencia a grupo criminal, robo de vehículo a motor, falsedad documental, hurto y uso de vehículo a motor.
Uno de los condenados por estos hechos es Joaquín Martins, ‘el Mauri’, uno de los hermanos de Antonio Anglés y que se cambió el apellido después de que Anglés fuera considerado autor, junto a Miguel Ricart, de los asesinatos de las tres niñas de Alcàsser hace 30 años. Antonio Anglés huyó y nunca fue detenido.
Según los hechos probados de la sentencia, estas seis personas se pusieron de acuerdo junto con terceras personas no identificadas en la causa para capturar a Francisco, e idearon la forma de hacerlo, los seguimientos previos, la utilización de violencia e intimidación para doblegar su voluntad y los medios para realizarlo.
Se repartieron tareas sin haberse podido acreditar cuál de los acusados se ocupó de cada una de ellas, al obrar en todo momento enmascarados y con guantes no dejando vestigios biológicos ni de otro tipo que pudieran identificarles.
Seguimiento a la víctima
Los condenados realizaron seguimientos a la víctima durante varios días previos al 29 de noviembre de 2021, en los que comprobaron la ruta en la que era más factible realizar sin riesgo su pretensión, así como el lugar en el que iban a abordarle y aquél donde iban a retenerle para conseguir sus propósitos, los tiempos a emplear y los medios y vehículos que utilizar.
En la tarde del 29 de noviembre, los procesados, con dos furgonetas y vestidos con ropas oscuras, pasamontañas en la cabeza y guantes, abordaron a la víctima con dos armas de fuego que no han sido intervenidas, le obligaron a salir de su vehículo a la fuerza, le golpearon por todo el cuerpo, y lo empujaron hacia una de las furgonetas.
Los procesados llevaron a la víctima a una nave de Catarroja (Valencia), donde lo dejaron desnudo y le golpearon de forma continua y amenazaron exigiéndole la entrega de 200.000 euros como condición para que le dejaran en libertad, una cifra que iban rebajando al decirles éste que no tenía dicha cantidad de dinero.
Lo torturaron en una nave de Catarroja
En el tiempo que duró esta situación, le golpearon con unas cadenas con las que le dieron latigazos, con unas tenazas le hicieron un corte en un dedo de la mano y otro corte en una oreja y le clavaron una navaja en uno de los muslos, e incluso lo dejaron en estado de semiinconsciencia, durante el cual fue quemado con unas brasas y tiraron sobre su cuerpo un líquido para ver si reaccionaba.
Convencidos de que no iban a obtener dinero, los procesados acordaron liberar a su víctima de manera que a las 21.37 horas de ese mismo día lo dejaron maniatado y desnudo en la carretera de Santa Ana, dentro del término municipal de Paiporta, donde fue encontrado.
Las lesiones precisaron, además de una primera asistencia facultativa, de tratamiento quirúrgico y médico posterior, y tardaron en curar 17 días, 15 de los cuales supusieron un perjuicio personal particular por pérdida de calidad de vida básico y 2 días un perjuicio personal particular por pérdida de calidad de vida moderados.
Los procesados abandonaron el vehículo de la víctima, así como las furgonetas se había usado para la comisión de los hechos en diferentes municipios del área metropolitana de València.
La Audiencia condena a seis personas como autores de los delitos de detención ilegal (4 años), lesiones (5 años), amenazas (2 años), robo con violencia (5 años) y daños (1 años y 9 meses).
También les impone la prohibición de acercarse a menos de 1.000 metros de la víctima su domicilio, lugar de trabajo o cualquier otro lugar donde se encuentre y frecuente, y la prohibición de comunicarse con ella por cualquier medio o procedimiento por una duración de 5 años superior a la pena de prisión impuesta.
A otra persona la condenan a seis meses por un delito de receptación, y a todos los absuelven del delito de pertenencia a grupo criminal que se les imputaba. EFE