Aragón, la Comunitat Valenciana, Castilla y León y Cantabria han hecho este martes frente común en Teruel para exigir al Gobierno de España que el Corredor Cantábrico-Mediterráneo se ejecute con doble vía y ancho internacional y rechazar que la vía única pueda consolidarse como solución definitiva para esta conexión ferroviaria.
Los representantes de las cuatro comunidades han participado en la jornada ‘El corredor que une dos mares’ y han suscrito, después, la denominada Declaración de Teruel, en la que reclaman el impulso «adecuado» de este corredor, integrado en la red transeuropea de transporte y concebido para conectar a través de Teruel y Zaragoza los puertos del Mediterráneo y del Cantábrico.
El documento ha sido firmado por el presidente de Aragón, Jorge Azcón; el de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca; el de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y el consejero de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Cantabria, Roberto Media.
Rechazo a consolidar la vía única como solución definitiva
El documento expresa el «rechazo unánime» de los firmantes a cualquier planificación de infraestructuras estratégicas que pretenda «perpetuar o consolidar la vía única como solución definitiva», al considerar que limitaría la capacidad de crecimiento del corredor y su potencial económico, logístico y social.
Las cuatro comunidades sostienen además que esa solución supondría un incumplimiento del Reglamento europeo 2024/1679 sobre el desarrollo de la red transeuropea de transporte.
Reclaman un corredor ferroviario de alto rendimiento
Frente a ello, reclaman que el futuro del eje ferroviario se planifique como una infraestructura de mercancías y viajeros «de alto rendimiento, fluida y plenamente interoperable», con doble vía y ancho internacional, integrada en los corredores europeos de transporte y ejecutada «de manera urgente».
La declaración considera insuficiente limitar el futuro del corredor a las actuaciones de modernización, electrificación y mejora de la seguridad y de la capacidad que se han llevado a cabo durante los últimos años.
Las autonomías apelan al equilibrio territorial
Los firmantes apelan también al principio de equilibrio territorial y a la igualdad de oportunidades para reclamar inversiones que eviten que los territorios atravesados por esta infraestructura queden relegados por decisiones coyunturales.
Las cuatro autonomías se comprometen a «seguir trabajando desde la unidad, el diálogo institucional y la lealtad entre administraciones» para conseguir que el corredor sea una prioridad de la agenda política y que se ejecuten las inversiones necesarias para convertirlo en un eje competitivo y sostenible para el desarrollo industrial, logístico, portuario, turístico y agroalimentario.
«Soluciones de mínimos»
La Declaración de Teruel sostiene que las cuatro comunidades «se niegan a conformarse con soluciones de mínimos».
El respaldo conjunto, alcanzado, concluyen, constituye además un compromiso que «obliga moral y políticamente» a la Administración General del Estado, con independencia de su adscripción política, a defender un corredor con capacidad suficiente para las próximas décadas.