El Real Decreto-ley 33/2026, publicado en el BOE el 11 de noviembre y en vigor desde el día 12, establece medidas principalmente para responder a la DANA Adam de octubre de 2026. Sin embargo, incorpora también varias disposiciones relacionadas con la DANA de 2024 que pueden afectar a personas y explotaciones de las zonas dañadas, incluida l’Horta Sud.
Una ayuda agraria de 9.900 euros por hectárea
El real decreto, fija en su disposición adicional primera una ayuda de 9.900 euros por hectárea para parcelas afectadas por la DANA de 2024 cuyos daños impidan recuperar su capacidad productiva o cuando el coste de restauración resulte desproporcionado respecto a la extensión o las características de la explotación.
La ayuda se dirige a titulares de explotaciones agrícolas o ganaderas inscritos en los registros correspondientes. Además, las parcelas deberán figurar en un informe elaborado por TRAGSATEC, todavía no comunicado.
El Ministerio de Agricultura publicará la relación de terrenos que cumplen los requisitos en un plazo de cinco días hábiles desde la entrada en vigor del decreto. Después, las personas incluidas tendrán cinco días para corregir errores o renunciar a la ayuda.
Algunas ayudas recibidas estarán exentas en la declaración de la Renta
El decreto modifica la Ley del IRPF con efectos desde el 1 de enero de 2025. Las ayudas públicas por daños personales causados por inundaciones u otras catástrofes estarán exentas cuando la zona haya sido declarada gravemente afectada por una emergencia de protección civil.
La exención también puede aplicarse a algunas ayudas concedidas por la Generalitat o los ayuntamientos. Para ello, deben tener la misma finalidad y contar con beneficiarios y requisitos iguales o parecidos a los de una ayuda estatal exenta por esa catástrofe. En estos casos, se aplica a las ayudas autonómicas o locales aprobadas en el mismo ejercicio que la estatal y en el siguiente. Sin embargo, no todas las ayudas quedan exentas automáticamente.
La Generalitat podrá recibir financiación para la recuperación
En 2027, el Estado podrá asignar financiación adicional a la Generalitat para cubrir gastos extraordinarios relacionados con la respuesta y la recuperación tras la DANA de 2024. La medida podrá contribuir a financiar actuaciones elaboradas por el Gobierno valenciano, lo cual no establece una ayuda directa para la ciudadanía.
El decreto también permite aplazar el cese de un máximo de 20 funcionarios interinos de la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana, siempre que sus funciones estén directamente relacionadas con la atención de las necesidades causadas por la emergencia de 2024. El aplazamiento podrá alcanzar los 36 meses desde la entrada en vigor del Real Decreto-ley 7/2024.