El Ayuntamiento de Moncada ha hecho efectivo el pago de un millón de euros para cumplir una sentencia judicial firme derivada de la gestión de la empresa pública Promoción Económica de Moncada S.A. (PEMSA) durante la etapa de gobierno del Partido Popular.
La resolución judicial tiene su origen en unos hechos ocurridos entre 2010 y 2013. Más de una década después, obliga al consistorio a asumir las consecuencias económicas de aquellas actuaciones. Con este abono, el Ayuntamiento da por cumplida la sentencia.
La vicealcaldesa y concejala de Hacienda, Amparo Orts, ha lamentado que «los vecinos y vecinas de Moncada hayan tenido que asumir el coste de unas decisiones que nada tienen que ver con las necesidades actuales de la ciudad».
En este sentido, ha señalado que «estamos hablando de un millón de euros que no se destina a mejorar servicios, realizar inversiones o atender nuevas demandas de la ciudadanía, sino a cumplir una sentencia derivada de una forma de gestionar los recursos públicos que acabó en los tribunales».
Orts también ha destacado que este pago «es el último episodio de unas actuaciones adoptadas hace más de diez años cuyas consecuencias económicas siguen recayendo sobre el Ayuntamiento».
Además, ha asegurado que «la mejor manera de proteger los recursos públicos es gobernar con responsabilidad, transparencia y seguridad jurídica, porque las malas decisiones terminan pagándolas siempre los vecinos y vecinas».
La responsable de Hacienda ha explicado que el Ayuntamiento ha podido hacer frente a esta obligación judicial «gracias a la estabilidad económica alcanzada durante los últimos años y a una gestión responsable de las cuentas municipales».
Por último, ha afirmado que el consistorio ha cumplido la sentencia «sin comprometer la prestación de los servicios públicos, sin renunciar a las inversiones previstas y manteniendo la hoja de ruta marcada para el desarrollo de la ciudad». Según ha concluido, «esa es la diferencia entre gestionar los problemas heredados y generar nuevos problemas para el futuro».