El Partido Popular de Alboraya en la oposición ha comparecido hoy para hacer un balance crítico de la gestión del actual Gobierno local (PSPV y Compromís), al que acusan de sumir al municipio en «16 años de parálisis, falta de iniciativa absoluta y una constante improvisación» que repercute directamente en el bienestar de los ciudadanos.
Para Modesto Martinez, el descontento se centra en la “nefasta gestión económica, parálisis urbanística, inseguridad ciudadana y el alarmante abandono de los barrios”.
Descontrol financiero en EGUSA y asfixia fiscal a los vecinos
Para el PP, una de las denuncias más graves se centra en la empresa pública municipal EGUSA. Según los populares, el proyecto urbanístico de Port Saplaya (zona actual de Al Campo) supuso un ingreso adelantado para el Ayuntamiento de 16 millones de euros. Sin embargo, tras la paralización del proyecto la empresa reclamó ese dinero, que no se devolvió. Desde entonces, se ha derivado en una cadena interminable de reclamaciones económicas. «Primero reclamaron 26 millones de euros, luego 29, pasaron a 33 y en la actualidad la cifra que se exige asciende a los 36 millones de euros», alertaron desde el PP.
Además de esta situación los populares explican que “entre 2011 y 2026, la recaudación del IBI urbano y otros impuestos locales ha escalado de los 6 a los 11 millones de euros anuales, acumulando casi 60 millones de euros recaudados en total en estos 16 años. «El IBI urbano se ha incrementado un 87% y el rústico un 83% respecto a 2011. Han ingresado muchísimo más de la deuda que alegan tener, pero los servicios públicos no han mejorado y no se ha ejecutado ninguna gran obra, a excepción de la piscina municipal que actualmente se encuentra en tela de juicio», sentenciaron.
Urbanismo congelado y opacidad administrativa
El PP local ha puesto en valor “las labores de fiscalización de su grupo, que constan de 30 mociones y más de 420 preguntas plenarias (superando las 600 acciones de control). El edil denunció retrasos sistemáticos de hasta tres semanas para entregar documentación solicitada por la oposición.
En el plano del desarrollo local, Martínez tildaron de «histórica» la parálisis del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). “Bloqueado inicialmente en 2011 y paralizado de forma definitiva en 2021, el Gobierno de coalición no ha mostrado la menor iniciativa para reactivarlo, impidiendo el crecimiento demográfico y habitacional ordenado de la población. Esta inacción afecta también al tejido asociativo y económico local: actividades tradicionales como la ‘Ruta de la Tapa’ han desaparecido, el comercio de proximidad carece de estímulos reales y el tejido deportivo sufre un grave deterioro, con céspedes de instalaciones municipales totalmente impracticables. Los órganos de participación, como el Consell Municipal del Deporte, «directamente nunca se han reunido», ha afirmado.
Alarma por el repunte de la delincuencia
Por su parte, el portavoz popular abordó la situación de la seguridad ciudadana, según explican las infracciones en la localidad “se han disparado de 1.458 a 2.038 casos registrados, lo que supone un alarmante incremento”.
La oposición acusa al ejecutivo de desatender las competencias de seguridad y piden más efectivos y más medios.
Suciedad y abandono en los barrios
Finalmente, la comparecencia concluyó con una llamada de atención “necesitamos que las calles estén limpias y que se invierta en todos los barrios por igual.
