La causa judicial que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024 continúa incorporando nuevas pruebas y declaraciones. En las últimas horas han trascendido un informe de Emergencias que aseguraba a las 21.30 horas que la hidrología «no estaba dando problemas», el recurso presentado por la defensa de la exconsellera Salomé Pradas para reclamar las comunicaciones de la delegada del Gobierno, el rechazo de la jueza a volver a citar a la alcaldesa de València y la declaración como testigo de la alcaldesa de Godelleta.
Emergencias afirmó a las 21.30 horas que la hidrología «no estaba dando problemas»
Uno de los documentos incorporados a la investigación es el informe elaborado por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias (AVSRE), distribuido a las 21.35 horas del 29 de octubre de 2024. En él se afirmaba que «las precipitaciones están produciendo inundaciones in situ, no por desbordamiento» y que, hasta ese momento, «no hay información de que la hidrología esté dando problemas».
El documento, de 19 páginas, recopila incidencias registradas durante la jornada, rescates, cortes de carreteras y de la circulación ferroviaria, además de actuaciones de los servicios de emergencias. Sin embargo, no incluye ninguna referencia al barranco del Poyo, cuyo desbordamiento fue determinante en numerosas muertes.
Entre los hechos recogidos figuran el derrumbe de un puente en Requena, el hundimiento de otro en la A-7 a la altura de Riba-roja, numerosos rescates con helicóptero y los avisos sobre el desembalse de Forata.
La AVSRE ha aclarado además a la jueza que existía una versión del informe con referencia horaria de las 17.00 horas que nunca llegó a distribuirse y que el documento remitido oficialmente fue el fechado a las 21.30 horas.
Pradas insiste en conocer todas las comunicaciones de Pilar Bernabé
Por otra parte, la defensa de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, ha recurrido la decisión de la jueza de no solicitar a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que entregue voluntariamente todas las comunicaciones relacionadas con la emergencia.
La representación de Pradas sostiene que esos mensajes, llamadas, correos electrónicos y comunicaciones mediante aplicaciones como WhatsApp o Telegram son «esenciales» para reconstruir qué información manejaban las distintas administraciones durante las horas críticas de la emergencia y conocer cuándo se tuvo constancia de la evolución del barranco del Poyo.
Según la defensa, disponer de esas comunicaciones permitiría determinar el conocimiento cronológico de la situación de riesgo y completar el «mapa de información» existente durante la gestión de la dana.
La jueza rechaza volver a citar a María José Catalá
La magistrada también ha desestimado la petición de una acusación particular para volver a citar como testigo a la alcaldesa de València, María José Catalá.
En el auto considera que las diligencias solicitadas están desvinculadas de los fallecimientos que se investigan y recuerda que las víctimas mortales registradas en la pedanía de La Torre se produjeron por el desbordamiento del barranco del Poyo.
La jueza sostiene que ni la Albufera, ni la apertura de compuertas, ni las depuradoras o el sistema de drenaje municipal tuvieron relación con esas muertes. Asimismo, insiste en que el problema determinante fue la ausencia de avisos a la población.
En la misma resolución también rechaza solicitar nuevos informes al Ayuntamiento de València, a la EPSAR y a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
La alcaldesa de Godelleta declara que quedó incomunicada
Otra de las novedades de la instrucción ha sido la declaración como testigo de la alcaldesa de Godelleta, Amparo Pardo.
Según explicó ante la jueza, permaneció incomunicada durante gran parte de la tarde debido a la falta de cobertura telefónica y suministro eléctrico. Aseguró que no fue consciente de la gravedad de la situación hasta las 20.15 horas, cuando la Policía Local acudió a buscarla por los problemas registrados en varias urbanizaciones del municipio.
Pardo también afirmó que no recibió los correos electrónicos remitidos durante la emergencia porque el Ayuntamiento había cambiado recientemente su dirección de correo sin que se le notificara.
Tras su declaración, la jueza ha acordado citar como testigo al jefe de la Policía Local de Godelleta, incorporar a la causa los mensajes aportados voluntariamente por la alcaldesa y solicitar a la compañía telefónica el registro de llamadas realizadas desde el teléfono corporativo durante la jornada del 29 de octubre de 2024.