La Generalitat ha recurrido ante el Tribunal Supremo las decisiones del anterior Consell del Botànic que permitieron delegar determinadas competencias cuando el Gobierno autonómico ya estaba en funciones.
La decisión llega después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) rechazara el pasado mes de julio los recursos presentados por la Generalitat. El tribunal consideró que estas decisiones podían formar parte de la gestión ordinaria que puede realizar un gobierno en funciones.
Ahora, la Abogacía General de la Generalitat pide al Tribunal Supremo que revise estas sentencias y establezca hasta dónde puede llegar un gobierno que está en funciones a la hora de tomar decisiones que comprometen al Ejecutivo que lo sustituirá.
¿Qué decisiones tomó el Botànic?
Las delegaciones de competencias se aprobaron en julio de 2023, después de las elecciones autonómicas y cuando el Consell del Botànic ya estaba en funciones.
Estas decisiones estaban relacionadas con el Plan Edificant, el programa destinado a financiar obras de construcción, reforma y mejora de centros educativos. En concreto, las delegaciones afectaban a actuaciones valoradas en alrededor de 65 millones de euros y beneficiaban a diferentes ayuntamientos.
La Generalitat considera que el problema no está en las obras en sí, sino en si un gobierno que está en funciones puede adoptar decisiones que comprometan recursos y presupuestos de ejercicios posteriores.
La Generalitat quiere que el Supremo aclare los límites de un gobierno en funciones
Según la Abogacía General de la Generalitat, los recursos presentados no responden a una cuestión política, sino a la necesidad de aclarar qué puede y qué no puede hacer un gobierno cuando ya ha cesado y permanece en funciones.
La Generalitat sostiene que cualquier Administración debe controlar cómo se utilizan los recursos públicos y revisar aquellos procedimientos que puedan afectar a los intereses generales.
La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades considera que se trata de una cuestión que afecta al funcionamiento de las Administraciones públicas y que, por tanto, debe quedar resuelta por el Tribunal Supremo.
El objetivo final es que el Alto Tribunal determine hasta dónde puede llegar un gobierno en funciones cuando sus decisiones comprometen el presupuesto y la capacidad de gestión del futuro Ejecutivo.
¿Qué poblaciones de l’Horta están afectadas?
Mislata critica que la Generalitat haya recurrido ante el Tribunal Supremo la sentencia del TSJCV y considera que esta decisión vuelve a retrasar las actuaciones del Plan Edificant previstas en cuatro centros educativos de la ciudad. El Ayuntamiento señala que están en juego 3,3 millones de euros para mejorar el CEIP L’Almassil, el CEIP Gregorio Mayans, el IES Molí del Sol y el Centro Público de Formación de Personas Adultas, y reclama al Consell que desbloquee las inversiones.
El alcalde de Burjassot, Rafa García, considera que el recurso de la Generalitat prolonga de forma innecesaria el bloqueo de la reforma del centro y critica que se recurra una sentencia que, según el Ayuntamiento, avalaba la actuación municipal. García reclama que se retomen las mejoras del CEIP Fernando de los Ríos y advierte de que el consistorio continuará defendiendo las obras que necesita la comunidad educativa del municipio.
El Ayuntamiento de Albalat dels Sorells también ha mostrado su rechazo al recurso presentado por la Generalitat, al considerar que supone nuevos retrasos para la ejecución de las obras del colegio, un centro que, según el consistorio, necesita urgentemente una reforma y mejoras en sus instalaciones.