Mazón ha avanzado al inicio de su comparecencia que no realizaría declaraciones públicas ni respondería a las preguntas mientras continúe abierta la instrucción judicial de la dana, al considerar que es «lo procedente». No obstante, ha intervenido en algunos momentos concretos de la sesión.
Mazón defiende la decisión del TSJCV
Una de sus principales intervenciones se ha producido para recordar que el TSJCV decidió no investigarle en la causa judicial de la dana, en la que, según ha señalado, está personado.
Mazón ha insistido en que el tribunal le ha «exonerado» de «cualquier tipo de responsabilidad». Preguntado por el diputado de EH Bildu Mikel Otero sobre su papel durante la emergencia, ha asegurado que cuando llegó al Cecopi aquella tarde no se puso «bajo ningún concepto» al frente de la emergencia, y ha defendido que la normativa valenciana es «extremadamente clara» al respecto.
Preguntas de los grupos parlamentarios
El diputado de Compromís Alberto Ibáñez le ha preguntado si había pactado con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ser senador territorial en la próxima legislatura para mantener el aforamiento. Mazón ha rechazado responder y ha calificado la cuestión de «fabulaciones y manipulaciones».
Uno de los momentos más tensos se ha producido durante el turno del portavoz de ERC, Gabriel Rufián, quien ha trasladado a Mazón preguntas relacionadas con las víctimas de la dana. Rufián ha acusado al expresident de ser «inútil, homicida imprudente y psicópata» y ha afirmado que «sólo merece celda». Mazón ha mantenido su decisión de no responder a las preguntas y se ha remitido a su intervención inicial.
El diputado de Sumar Nahuel González también le ha preguntado si mantenía las afirmaciones realizadas durante su primera comparecencia ante esta comisión, celebrada en noviembre de 2025. Mazón ha respondido afirmativamente.
Cruce de acusaciones entre los grupos
Durante la sesión también se han producido acusaciones cruzadas entre los diferentes grupos parlamentarios.
El diputado del PP César Sánchez Pérez ha acusado a la izquierda de intentar «destruir» a Mazón mediante una «cacería política». Además, ha criticado la gestión del Gobierno de Pedro Sánchez antes, durante y después de la tragedia, que ha calificado de «negligente».
En una línea similar, el diputado de Vox Ignacio Gil Lázaro ha acusado al «sanchismo y sus socios» de aplicar una doble vara de medir y ha relacionado el debate de la comisión con la situación de Ceuta.
Por su parte, la diputada socialista Marta Trenzano ha defendido que durante la tarde de la dana la información y la gravedad de la situación fueron aumentando hora a hora. Según ha señalado, esto cuestionaría el argumento mantenido por el PP de que no existió información suficiente o que hubo un «apagón», y ha sostenido que los colaboradores de Mazón le mantuvieron informado durante toda la jornada.
Víctimas y afectados piden responsabilidades ante el Congreso
Paralelamente a la comparecencia, tres asociaciones de víctimas y afectados por la dana se han concentrado este lunes frente al Congreso de los Diputados para reclamar responsabilidades a Mazón.
Algo más de medio centenar de personas han participado en la protesta, en la que se han escuchado consignas como «Mazón a prisión», «Asesino» y «no son muertos, son asesinatos».
Los manifestantes también han mostrado una figura del expresident vestido de preso y unas manos de grandes dimensiones manchadas de sangre, minutos antes del inicio de su segunda comparecencia ante la comisión de investigación de la dana.
Derecho a no responder a las preguntas de la comisión
El exdirector de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Emilio Argüeso, ha invocado este lunes su derecho a no responder a las preguntas de la comisión de la dana en el Congreso para evitar «interferencias» en la causa penal abierta contra él y «salvaguardar» su derecho de defensa.
Quien fuera responsable autonómico de Emergencias el 29 de octubre de 2024 es uno de los dos imputados, junto a la exconsellera, Salomé Pradas, en la investigación judicial de la gestión de la tragedia.
Precisamente, el segundo compareciente del día en la Cámara baja, tras haberse personado esta mañana ante esta comisión el expresident valenciano, Carlos Mazón, ha esgrimido ese argumento cuando la diputada Águeda Micó, de Compromís, le ha preguntado al inicio de la sesión si pensaba responder a sus cuestiones.
«En la actualidad me encuentro formalmente bajo investigación judicial en las diligencias previas que se tramitan ante el tribunal de instancia de Catarroja número tres, por los hechos acaecidos el pasado 29 de octubre en Valencia», ha respondido Argüeso.
El exdirector de Emergencias ya fue llamado a declarar ante esta comisión el pasado enero, aunque entonces excusó su comparecencia alegando que se encontraba de baja médica.
Ha explicado que su «derecho de defensa se encuentra plenamente concernido» y que se acogería a las garantías procesales pertinentes que le facultan a «guardar silencio, no prestar declaración, si no lo desea y no contestar aquellas preguntas que puedan comprometer su posición procesal».
«Por todo ello anuncio formalmente a esta comisión que con carácter general me acogeré a mi derecho constitucional a no contestar a las preguntas que me sean formuladas por los distintos portavoces a objeto de evitar cualquier interferencia en la causa penal abierta y salvaguardar de forma escrupulosa mi derecho de defensa», ha declarado
Mensajes de Bernabé
La representación legal de la exconsellera valenciana de Justicia e Interior Salomé Pradas ha presentado un recurso de apelación contra la decisión de la jueza que investiga la gestión de la dana de no pedir a la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, que aportase voluntariamente los mensajes que intercambió de aquella jornada.
Pradas, que realizó esta petición el pasado 10 de julio, solicitó formalmente la aportación voluntaria por parte de Bernabé de «todas las comunicaciones mantenidas el día 29 de octubre de 2024 en relación con la emergencia, ya fueren cruzadas con Miguel Polo -presidente de la CHJ- o con cualquier otro responsable de cualquier administración, organismo o institución pública».
«De modo muy particular -añadía aquella petición- las relativas a la evolución de la situación en el barranco del Poyo, cualquiera que hubiere sido el medio o canal telemático empleado para su intercambio».
En su recurso, la defensa de Pradas sostiene que la instrucción es una «fase dinámica» y que, pese a no haber pedido dichos mensajes cuando Bernabé compareció como testigo en la causa, «la necesidad de practicar una diligencia puede surgir del curso de la investiación», de modo que «no se puede justificar su denegación sobre la base de una extemporaneidad inexistente».
También insiste en que, si bien Bernabé «ya rechazó aportar voluntariamente su listado de llamadas durante su declaración testifical el 14 de abril de 2025», este rechazo «se circunscribió únicamente al listado de llamadas telefónicas» y «lo que pide esta parte es sustancialmente diferente y más amplio».
Otro de los argumentos esgrimidos por los abogados de la exconsellera es la supuesta vulneración del principio de «igualdad de armas». «No porque equiparemos la posición de Bernabé con la de los investigados, sino porque la denegación resulta difícilmente justificable cuando se han venido requiriendo comunicaciones a personas con un papel sustancialmente menos relevante en la emergencia del 29 de octubre de 2024 que la delegada del Gobierno».
Para la defensa de Pradas resulta «absolutamente imprescindible» conocer «qué información llegó al Cecopi» para «esclarecer cuándo, cómo y quién pudo actuar y, por ende, para constatar la responsabilidad de Pradas o, como venimos a interesar en aras de su derecho de defensa, la ausencia de la misma». EFE