La moción, presentada en la sesión ordinaria de julio por los grupos municipales socialista y Compromís y que ha contado también con el apoyo de Quart entre Totes, y la abstención del PP y el voto en contra de Vox, reitera la solicitud que el consistorio ya trasladó al gobierno autonómico en junio de 2024 y que, dos años después, continúa sin una respuesta efectiva.
«Llevamos dos años esperando una respuesta de la Generalitat mientras el acceso a la vivienda sigue siendo una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos y vecinas», ha señalado la alcaldesa de Quart de Poblet, Cristina Mora. Y ha añadido: «No podemos permitir que esta situación continúe. Es necesario disponer de herramientas que ayuden a contener el precio de los alquileres, ampliar la oferta de vivienda asequible y facilitar la emancipación de la juventud. Por este motivo insistimos en que se actualicen los informes y se valore con rigor la declaración de Quart de Poblet como zona de mercado residencial tensionado».
Mediante esta moción, el Ayuntamiento reclama a la Generalitat que active el procedimiento previsto en la Ley 12/2023, por el Derecho a la Vivienda, y que elabore una memoria actualizando los indicadores sobre la evolución de los precios de compra y alquiler en Quart de Poblet, el esfuerzo económico de los hogares y la disponibilidad de vivienda asequible para determinar si el municipio cumple los requisitos para ser declarado zona de mercado residencial tensionado.
Esta declaración permitiría aplicar las herramientas previstas en la legislación estatal para favorecer la contención de los precios del alquiler, así como incentivar fiscalmente a los propietarios que apuesten por reducir el precio de los alquileres o facilitar el acceso a la vivienda de los y las jóvenes.
Uno de los aspectos que el consistorio considera imprescindible añadir al análisis es el impacto que puede tener la próxima incorporación de 591 viviendas de alquiler en el sector Molí d’Animeta. En ese sentido, la alcaldesa Cristina Mora ha subrayado que «es imprescindible que la Generalitat incremente su compromiso con las políticas públicas de vivienda y que tenga en cuenta el impacto que supondrá la incorporación de las 591 viviendas de alquiler previstas en el sector Molí d’Animeta. Las decisiones que se adopten ahora marcarán la evolución del mercado residencial en nuestro municipio durante los próximos años, y debemos actuar con previsión para garantizar el derecho a una vivienda digna y asequible».
Así, el Pleno reclama a la Generalitat Valenciana que incremente la inversión destinada a la adquisición, construcción y promoción de vivienda pública de alquiler asequible para ampliar el parque público de vivienda y que incorpore el municipio de Quart de Poblet a las futuras convocatorias del Plan Estatal de Vivienda y a los programas autonómicos de ayudas al alquiler y a la emancipación juvenil.
Compromiso municipal con el acceso a la vivienda
En el ámbito local, el pasado septiembre el Ayuntamiento abrió la Oficina Municipal de Vivienda, un punto de atención ciudadana que ofrece información y acompañamiento en la gestión de ayudas relacionadas con vivienda, alquiler joven, rehabilitación y accesibilidad, así como asesoramiento sobre contratos de alquiler.
La Oficina también desarrolla labores de intermediación para fomentar la colaboración con propietarios de vivienda vacía, impulsa acciones de sensibilización sobre la problemática del acceso a la vivienda y coordina su actividad con las diferentes áreas municipales competentes, y con servicios especializados como MEDIAPROP y el Servei d’Intermediació de la Mancomunitat de l’Horta Sud.
La creación de esta Oficina Municipal de Vivienda se sumó a otras medidas ya impulsadas por el consistorio, como la prohibición de nuevos pisos turísticos, la eliminación de restricciones para permitir el uso residencial de bajos comerciales o la reserva de un porcentaje de vivienda social superior al exigido por la normativa vigente.
Con estas actuaciones, el Ayuntamiento de Quart de Poblet reafirma su compromiso con el derecho a una vivienda digna y asequible, combinando la puesta en marcha de medidas municipales con la reclamación de una actuación coordinada entre las distintas administraciones públicas para dar respuesta a uno de los principales retos sociales de la actualidad.