Colectivos de Torrent y Manises denuncian obstáculos a la investigación argentina por la represión franquista
Varias personas y colectivos, reunidas en la sede de los grupos parlamentarios de Les Corts Valencianes, han manifestado su «indignación ante los obstáculos que el Estado español continúa manteniendo frente a la exigencia de justicia por parte de las víctimas del franquismo. Durante el mes de septiembre del 2016, la Fiscalía General ha cursado una instrucción a los fiscales para conseguir que los juzgados españoles paralicen cualquier requerimiento proveniente de la jueza argentina Maria Servini, que, en el juzgado Federal nº 1 de Buenos Aires, investiga las querellas y denuncias presentadas por centenares de ciudadanas y ciudadanos españoles víctimas y familiares de la represión franquista».
La jueza Servini, que, al amparo de la Justicia universal investiga los casos, había pedido la extradición de 19 franquistas involucrados en actos de represión (exministros como Martín Villa y Utrera Molina, policías torturadores, un médico, etc.), como dicha extradición fue denegada por el Consejo de Ministros, solicitó se les tomara declaración en juzgados españoles, los exhortos para ello llegaron al Ministerio de Justicia durante el pasado verano. Del mismo modo la jueza argentina solicitó se tomara declaración a los imputados y a las diferentes victimas denunciantes para que ampliaran sus testimonios. Este proceso, que permitiría avanzar en la investigación, «se está viendo paralizado por la Fiscalía General del Estado, que a través de la instrucción trata de cerrar el paso a que la solicitud de la Justicia Argentina no sean atendidos por la Justicia Española», según las personas y colectivos denunciantes.
De hecho, según han señalado, a los tribunales valencianos llegó en el mes de septiembre el exhorto para tomar declaración al policía franquista Benjamín Solsona, denunciado por distintas víctimas torturadas por él en dependencias policiales, durante su detención en los años 70 en la ciudad de Valencia. Sin embargo, este hecho se ha visto por el momento paralizado. Y el exhorto ha sido devuelto por el Juzgado de Instrucción nº 10 de Valencia al Ministerio de Justicia, que a su vez lo ha remitido a Buenos Aires.
Las personas y coletivos denunciantes, cuya relación aparece al final del texto, han firmado además el situiente manifiesto:
– Expresamos nuestra inquietud ante la injerencia política de la Fiscalía General que olvida que los crímenes franquistas son imprescriptibles e inadmistiables al tratarse de crímenes de lesa humanidad, como han señalado instancias internacionales como Naciones Unidas.
– Expresamos también nuestra indignación al constatar una vez más las trabas que existen, aún hoy, para denunciar y juzgar los crímenes franquistas. Confiamos en que los intentos políticos por paralizar este proceso no tengan resultado positivo alguno. Confiamos también en el buen hacer de las y los profesionales de la justicia.
– Trabajaremos para que los Ayuntamientos de la Comunidad Valenciana se sumen a la iniciativa acordada en Pamplona, el pasado jueves 27 de octubre, por siete ayuntamientos españoles. Los gobiernos municipales de Pamplona, Vitoria, Zaragoza, Barcelona, La Coruña, Cádiz, y Rivas, encabezan la presentación de querellas en los juzgados de sus respectivas ciudades para exigir la investigación de los crímenes franquistas, acompañando así a las víctimas y a la ciudadanía en el camino por romper el silencio y terminar con su impunidad.
A la reunión asistieron el abogado de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeaQUA) Jacinto Lara que expuso cual es la situación tanto de la Querella Argentina como de las iniciativas municipalistas y los diputados autonómicos, Josep Nadal, por Compromís y Llum Quiñonero, de Podemos. También, miembros de asociaciones de memoria histórica de toda la Comunitat Valenciana y representantes de la Diputación de Valencia.
“La democracia española continuará herida mientras no sea capaz de afrontar la impunidad del franquismo. Las víctimas no son asunto del pasado, la intromisión de la Fiscalía General para impedir la acción de la Justicia es un grave atentado a los derechos humanos de las víctimas y del conjunto de nuestra sociedad”, afirmó Llum Quiñonero.
Por su parte, Josep Nadal, señalo el apoyo firme de su grupo político con la lucha en defensa de la memoria democrática y contra los delitos de lesa humanidad. Ambos diputados anunciaron la presentación de una proposición no de ley en relación con la instrucción de la Fiscalía General de impedir la toma de declaración a los ya procesados por el tribunal argentino.
PERSONAS Y COLECTIVOS:
Diputadas/os autonómicos: Llum Quiñonero (Podem/Podemos), Josep Nadal (Compromís)
Representantes de los colectivos:
Comisión de Memoria de la Diputación de Valencia
Asociación de Expresos del PV
Memorial 23 de Abril
Acción Ciudadana contra la impunidad del franquismo PV
Archivo Histórico de CCOO
Col·lectiu per a la Recuperació de la Memòria Històrica de Callosa d’en Sarrià
Grup per la recerca de la Memòria Històrica de Castelló
Colectivo Parlem de la Republica a Benifaió
Fundación de Estudios e Iniciativas Sociolaborales (FEIS)
Republicans de Torrent
Grupo por la Memoria Histórica de Manises
Plataforma per la Memoria del País Valencià
CCOO PV
EUPV
Abogados: Concha Blat, Alberto Aznar y Maite Alemany.
Denunciantes en la Querella Argentina: Josefa Ortega, Antonio Moya, Juan José López Hernando, Luis Felipe Datas, Ofelia Vila,
Manuel Tello, Mª José García Ramos, Pedro Carrascosa, Guillermo de Felipe, Vicenta Martínez, Fernando Sierra, Ángel González, Isabel Cervera, Lucila Aragó.