Compromís acusa al gobierno de Torrent de autorizar más de 1 millón de euros en facturas sin cumplir la legalidad
La Intervención Municipal de Torrent ha informado sobre 13 relaciones de facturas con disconformidad por un montante global de 1.036.165’02€, correspondientes todas ellas a las tareas de fiscalización realizadas a lo largo del cuarto de trimestre de 2016. Todas y cada una de las relaciones de facturas informadas con disconformidad se han autorizado sin enviar el expediente de contratación correspondiente, dado que superan el límite de los 18.000€ establecidos para las contrataciones menores, aquellas denominadas comúnmente como ‘a dedo’.
Estas disconformidades tienen relación con el incumplimiento de la base normativa número 18 del Presupuesto relativa a las fases de ejecución, las cuales, cada una de ellas, deben ser objeto de contabilización independiente y adecuada.
Por lo tanto, para Compromís, esos 1.036.165’02€, en facturas autorizadas por el gobierno socialista de Torrent se han aceptado sin que se haya contemplado ninguno de los procedimientos de concurrencia competitiva definidos en la Ley de Contratos del Sector Público o, dicho de otro modo, se han adjudicado ‘a dedo’ sin ningún convenio o contrato. De entre los servicios facturados figuran entre otros:
– Servicios farmacéuticos.
– Servicios de ferretería.
– Servicios de imprenta.
– Suministros de pintura.
– Suministros de carburantes.
– Suministros informáticos.
– Servicios de telefonía fija y móvil.
– Servicios de limpieza.
– Servicios de mantenimiento municipal.
– Servicios de gestión del tránsito.
– Servicios y suministros de Obra.
– Servicios y suministros eléctricos.
– Servicios de atención psicológica.
Desde Compromís per Torrent han explicado que llevan denunciando estas irregularidades desde hace años, tanto en las diferentes daciones de cuentas como en la redacción de las enmiendas a los presupuestos. Para su portavoz Pau Alabajos: «Parece ser que poco o nada ha cambiado en la gestión municipal que afecta la concurrencia competitiva de muchas empresas, que no pueden acceder a contratos públicos porque los servicios y suministros ya se han dado a dedo».
Alabajos ha explicado que no valen más excusas, como por ejemplo la esgrimida en el caso de los productos farmacéuticos, de que «al firmar un contrato con una única farmacia se obligaría a todos los usuarios de ayudas farmacéuticas a desplazarse a una ubicación concreta». Según Compromís la solución en estos casos pasaría por firmar convenios de colaboración abiertos con las diferentes empresas suministradoras interesadas en prestar el servicio, de tal manera que las que quieran añadirse lo hagan con las mismas condiciones que la empresa que haya obtenido mejor puntuación en el proceso de contratación.
Finalmente Alabajos ha declarado que «todas las opciones se pueden estudiar, revisar, y ser objeto de mejora, sabiendo que en cualquier caso serán mejor que la actual manera de asignar estos gastos».