Reunión de representantes municipales en la Mancomunitat de l'Horta Sud, presidida por Carlos Fernández Bielsa.

Defendiendo instituciones: PP y PSOE a la greña por la Ley de Mancomunidades y su efecto sobre la Diputación

El secretario de Relaciones Institucionales y Acción Territorial del PSPV, Carlos Fernández Bielsa, ha criticado hoy al PP «su empeño en boicotear cualquier medida que pueda ayudar a los municipios». Ante las acusaciones «falaces» de la portavoz del PP en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, contra la Ley de Mancomunidades que impulsa el Consell, Fernández Bielsa le ha instado a «coordinarse mejor con sus compañeros de partido, que dieron su aprobación a la norma en la comisión mixta creada para la redacción de la ley». Bielsa ha remarcado que la ley persigue «la eficiencia de los servicios públicos en los municipios» y le ha pedido a Contelles que se adhiera a la política municipalista del Consell para «derribar muros en lugar de levantarlos y sumar para mejorar la vida de la gente».

La norma, que ya se ha trasladado a las Cortes, ha recogido las aportaciones que han hecho las mancomunidades y mantiene el carácter de asociaciones voluntarias de municipios que, por historia o intereses comunes, decidan mancomunar servicios. El objetivo, ha insistido el dirigente socialista, es «aunar recursos, mejorar la capacidad de la prestación de los recursos públicos y abaratar los costes de los mismos». «Frente a la filosofía antimunicipalista del PP, el Gobierno de Ximo Puig cree en el municipalismo y pone en marcha medidas para sacar de la asfixia económica a la que le había condenado el PP en los últimos 20 años», ha reprochado Bielsa. Así, el responsable de política municipal del PSPV ha recordado el Fondo de Cooperación Municipal, que supone ayudas directas a los consistorios y que el PP anunció en 1999 y jamás desarrolló, o la Ley de Mancomunidades, que «ofrece un marco legislativo estable para aquellos municipios que de manera voluntaria quieran asociarse para ahorrar costes en la gestión», ha indicado.

«El problema que tiene Contelles es que confunde la vieja política de crear empresas públicas para colocar a sus amigos, con la eficacia y eficiencia en la gestión que persigue este Gobierno autonómico», ha reprochado el dirigente del PSPV. «No habrá ni duplicidades, ni liquidación de provincias, sino que los ayuntamientos que decidan asociarse podrán ahorrar costes estructurales y de personal al ofrecer estos servicios de manera conjunta», ha remarcado Bielsa.

«La única mala praxis legislativa que ha habido en los últimos tiempos en la Comunitat es patrimonio exclusivo del Partido Popular» ha reprochado el también alcalde de Mislata quien ha instado al PP a «realizar propuestas en positivo para paliar el daño que sus gobiernos causaron a los intereses valencianos». «Si el PPCV quiere defender a la Comunitat Valenciana lo tiene mucho más fácil: que inste al Gobierno de Mariano Rajoy a reconocer de una vez por todas la deuda histórica que tiene con los valencianos y a que acabe con la injusta infrafinanciación a la que nos está sometiendo», ha concluido Bielsa.

«El Consell debe rectificar para no hacer un nuevo ridículo ante la justicia»

Por su parte, la portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Mari Carmen Contelles, ha exigido al Consell que rectifique su proyecto de ley de mancomunidades «si no quiere hacer un nuevo ridículo ante la justicia, puesto que ataca directamente a la distribución territorial y administrativa que reconoce la Constitución española».

Mari Carmen Contelles ha calificado de «irresponsable» la actitud del gobierno de Ximo Puig y Mónica Oltra «empeñado en ignorar los dictámenes del máximo órgano consultivo de la Comunitat Valenciana como es el Consell Juridic Consultiu, que ha realizado diversas observaciones ante el intento de la Generalitat de modificar la demarcación territorial de la Comunitat, lo que en la práctica significa eliminar las provincias».

«El texto desfigura el mapa de la Comunitat tal y como lo conocemos y consagra la Constitución –ha continuado-. Además, contempla la posibilidad de crear hasta 30 nuevas entidades supramunicipales, un nuevo escalón administrativo que se financiaría con una subida de impuestos a los ciudadanos y que mucho nos tememos se convertiría en otro chiringuito donde rescatar a los suyos».

En este sentido, ha explicado que el proyecto de ley, en su artículo 33, establece que los recursos económicos de las mancomunidades procederán de ‘los recargos sobre impuestos de la Generalitat o de otras entidades locales’.

La portavoz popular ha recordado los constantes reveses judiciales que está recibiendo el Consell, como las recientes sentencias sobre el plurilingüismo, el copago o la devolución de los conciertos educativos a diferentes centros. «Se han instalado en una actitud de conflictividad que revela una mala praxis legislativa y una absoluta falta de diálogo y búsqueda de consensos para imponer su ideología. No se sienten cómodos en la gestión, sólo en la imposición».

«Ansias independentistas»

A juicio de Contelles, «las ansias nacionalistas e independentistas de los partidos que forman el pacto del Botánico son cada vez más evidentes y tanto el proyecto de ley de mancomunidades como la propuesta de comarcalización planteada por Compromís están inspirados en la fracasada ley de veguerías catalana».

Mari Carmen Contelles ha recordado que la iniciativa del Consell ·abre la puerta a vaciar de dinero y competencias las diputaciones con la complicidad del propio presidente de la institución, Jorge Rodríguez». Así, considera que «forma parte de la estrategia del «Pacte del Botànic» para hacer desaparecer las diputaciones. Una estrategia que no surge de forma espontánea, ya que bebe directamente de un nacionalismo excluyente que lamentablemente sirve de referente para los integrantes del Botànic».

«Frente a esta propuestas, desde el Partido Popular defendemos el valor de las Diputaciones como elemento vertebrador básico e indispensable, especialmente en localidades de menos de 20.000 habitantes. La institución provincial debe seguir  trabajando para que cualquier ciudadano reciba los mismos servicios, sin perjuicio de la localidad que libremente haya escogido para vivir», ha concluido.

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