El Pleno de Burjassot exige una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda

El Pleno ordinario del mes de octubre del Ayuntamiento de Burjassot ha aprobado, por unanimidad, la moción presentada por el grupo Totes amb Burjassot, en nombre de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca de Burjassot (PAH) con la que se exige “una nueva ley reguladora del derecho a la vivienda que cubra las medidas de mínimos para hacer frente a la emergencia habitacional”.

Dicha ley, debería contemplar, tal y como se recoge en la moción, entre otras “medidas de segunda oportunidad, como la dación en pago retroactiva o la condonación de la deuda, la eliminación automática, por parte de las entidades bancarias, de las clausulas declaradas abusivas por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea o la no ejecución de la primera y única vivienda tanto de los titulares como de los avaladores para exigir su responsabilidad, en orden a considerar la vivienda habitual como un bien inembargable”.

Asimismo, también recoge la necesidad de “la regulación del alquiler en favor de la parte más débil de los contratos de arrendamiento: los inquilinos, introduciendo mecanismos de seguridad en la tenencia, estabilidad en la renta y alargando el plazo mínimo de duración del alquiler, como mínimo, hasta los cinco años”. Del mismo modo, la moción señala que las entidades bancarias “garanticen un alquiler social para las personas deudoras de buena fe y sus unidades familiares que, habiendo cedido su vivienda única y habitual en dación en pago no dispongan de alternativa habitacional”. En el mismo punto, el que recoge la vivienda garantizada, se señala, entre otras medidas, que las “personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad que no puedan hacer frente al pago del alquiler de viviendas, obtendrán ayudas que les garanticen evitar el desahucio”.

Dicha nueva ley también debería garantizar, según el texto de la moción, y en referencia a los suministros básicos, que el pago de dichos suministros “para las familias en situación de vulnerabilidad se hará de acuerdo a la capacidad adquisitiva de la unidad familiar, siempre respetando los estándares de  Naciones Unidas”, de igual manera, este punto recoge, entre otras medidas a adoptar, la necesidad de “impedir los cortes de suministros básicos de agua, luz y gas de las personas y unidades familiares en situación de vulnerabilidad”.

Por último, la moción solicita la creación de un observatorio de vivienda.