Un acto simbólico en el Palau de la Scala, en la plaza de Manises, organizado por la citada entidad con la participación de la Diputación de Valencia, y más en concreto de su vicepresidenta primera, Natalia Enguix, ha recordado esta fecha. Y lo ha hecho con una explicación que ha ofrecido la profesora en Historia del Derecho Pilar Hernando.
En su intervención ha recordado aquel 29 de junio de 1707 en el que el monarca Felipe V, tras vencer a las tropas del Archiduque Carlos, decidió con su firma, después de hacerlo en batalla, castigar el pueblo valenciano. Para ello rubricó el denominado Decreto de Nueva Planta, «de una dureza excepcional que deroga el marco jurídico valenciano y pone fin a cinco siglos de historia», según puntualiza la experta. Esta historia había comenzado con el impulso foral del anteriormente citado Jaume I, tras otro proceso conquistador.
«Suprimía Diputación, Generalitat, el valenciano como lengua oficial… se perdía la identidad para quedar integrados en la llamada Monarquía Hispánica. Además, se impedía al pueblo establecer su derecho y se rompía una tradición que procedía de Jaume I», relataba en una breve charla magistral Pilar Hernando para especificar el efecto de aquella medida en los albores del siglo XVIII.
No obstante, esa merma efectiva tan sustancial no conllevó una resignación ancestral, sino que «diferentes colectivos conservaron la memoria jurídica valenciana». En este punto la profesora enlaza la Reinaxença valenciana -«más que un movimiento cultural»- del siglo XIX, con el regionalismo autóctono de la Segunda República. Incluso con un sustrato de recuperación doctrinal durante la dictadura que copó un tercio del pasado siglo XX y el Estatuto ya democrático de 1982.
«Recobrar el derecho civil es un objetivo compartido. No se pretende volver al siglo XIII; sino que lo que se reivindica es la capacidad de las instituciones valencianas para legislar al servicio del pueblo. Se trata de una aspiración colectiva que forma parte de la voluntad popular», resume la profesora universitaria.
El presidente de la Associació de Juristes Valencians, José Ramón Chirivella, también sumó en su alocución otro aniversario, el vigésimo desde «la gran reforma del Estatuto», para recalcar, respecto a a los 319 años de aquel funesto 29 de junio, que «esta fecha resulta importante por lo que simboliza, por ser el día en que se promulgó el decreto de abolición de los fueros».
La misión de Chirivella
La misión titánica de la entidad que encabeza consiste en recuperarlos. Para ello persevera en una reforma constitucional y ha logrado que la presidenta del Congreso cite a Les Corts a defenderla para introducir la recuperación del derecho civil valenciano. El problema imprevisto con el que se ha topado después de haber conseguido llegar hasta ese punto es que el parlamento valenciano no designa a una terna de de diputados para trasladarse al Congreso y exponerlo.
«Han pasado ocho meses y medio desde que en octubre la presidenta de la Cámara Baja transmitió la petición. Al mismo tiempo hizo otra para Baleares, que buscaba lograr un senador por Formentera, y en dos meses y medio se resolvió», recalca Chirivella, que pide que antes del 27 de julio Les Corts reaccione y designe su legación.
La vicepresidenta primera, Natalia Enguix, por su parte hizo hincapié, en esta primera conmemoración de la derogación de la capacidad de legislar en materia civil, en que «hay que asumir la responsabilidad de conocer y comprender el pasado para afrontar el futuro», y recuerda que «pocas reivindicaciones consiguen un consenso tan amplio como este».
Esa idea quedaba corroborada con el variopinto público asistente, que pertenece a diferentes colectivos sociales valencianos y en el que la presencia política más allá de Enguix -del partido Ens Uneix- se limitaba principalmente al alcalde de Alcàsser, Alberto Primo, del PP.