El Ayuntamiento de Museros ha dado un paso adelante en materia de vivienda con la aprobación en pleno de la solicitud formal a la Generalitat Valenciana para que el municipio sea declarado zona de mercado residencial tensionado. La iniciativa tiene como objetivo facilitar el acceso a la vivienda y aplicar las medidas contempladas en la ley estatal de vivienda para contener la escalada de los precios del alquiler.
La moción fue aprobada con los votos favorables de PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida-Unidas Podemos, mientras que el Partido Popular votó en contra.
Entre los datos recogidos en la propuesta, se constata un aumento de la dependencia de las ayudas públicas para poder afrontar el pago del alquiler, así como una presión directa sobre los recursos municipales derivada de las dificultades de acceso a la vivienda. El texto también señala la existencia de un “desajuste real entre el precio de mercado y el precio admisible”.
En este sentido, el concejal de Urbanismo, Vicente Pérez, ha explicado que “si la Administración fija en 650 euros el umbral de vivienda asequible y en Museros el precio habitual del alquiler se sitúa alrededor de los 900 euros mensuales o incluso por encima, estamos ante un mercado objetivamente tensionado”.
Pérez ha remarcado que “no estamos hablando de una situación puntual, sino de una realidad sostenida que cada vez afecta más personas y que obliga muchas familias a destinar una parte excesiva de sus ingresos a la vivienda”. Además, ha defendido que “las administraciones locales tenemos que utilizar todas las herramientas disponibles para garantizar que la gente pueda continuar viviendo en su pueblo”.
Por su parte, la alcaldesa de Museros, Cristina Civera, ha destacado que “el acceso a la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de muchas familias de Museros y no podemos mirar hacia otro lado”. Civera ha asegurado que “esta iniciativa busca proteger el derecho a vivir dignamente en el municipio y evitar que los precios continúen expulsando vecinos y vecinas del pueblo”. También ha insistido que “la vivienda tiene que ser un derecho y no un factor de desigualdad”.
Desde el gobierno municipal señalan que la declaración de zona tensionada permitiría aplicar medidas de contención de los precios del alquiler y reforzar las políticas públicas de vivienda en un contexto de creciente dificultad de acceso al mercado residencial.